Roberto García también recordó que "el 40% de los ganaderos de España que están en organizaciones de productores" son socios de ULEGA, una organización con 1.600 afiliados y que mueve más de 600 millones de litros de leche.
Según su criterio, "tal y como estaban redactados los contratos, a 30 de septiembre quedaron prorrogados automáticamente, porque así lo decía la cláusula, que si no había un contrato alternativo, el día 1 de octubre se prorrogaban los anteriores".
"Por lo tanto, cualquier bajada de precio que está proponiendo ahora la industria con nuevos contratos es ilegal, porque no se puede legislar contractualmente de forma retroactiva", precisó.
Ante esa situación, "la Xunta y el Ministerio tienen la obligación de exigir la prórroga de esos contratos y declarar ilegales los nuevos contratos que está recogiendo la industria".
García sostiene que "la alternativa a esa situación" obligaría "a la Xunta a paralizar todas las entregas de leche desde el día 1 de octubre, porque no están amparadas por contratos como dice la norma".