La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, insiste en reclamar al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que tenga en cuenta la opinión de los viticultores a la hora de tomar decisiones en los temas que les afectan directamente como productores, ya que según ha manifestado la Directora General de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, Aragón no ha tramitado la solicitud de la vendimia en verde, ante el Ministerio de Agricultura, por la oposición “unánime» de los cuatro consejos reguladores vinícolas (Somontano, Campo de Borja, Cariñena y Calatayud). En ese sentido, UAGA destaca que los Consejos Reguladores son órganos de certificación de las bodegas, por tanto, no tienen la representatividad de los intereses de los productores y productoras.
Ahora bien, para la organización agraria, «independientemente de que se venda más o menos vino, lo que interesa a viticultores y a industria es que se siga produciendo, y esto no será posible si las explotaciones no son rentables. Y uno de los motivos que lastra la viabilidad son las liquidaciones que han recibido los viticultores en las tres últimas campañas por la entrega de las uvas. A pesar de que en 2023 y 2024 ha habido menos producción por la sequía, debido al alto stock que hay las bodegas, esas liquidaciones han estado por debajo del precio de mercado», lamentan.
UAGA indica que, si el Departamento de Agricultura y los Consejos Reguladores dejan de lado a los productores y productoras a la hora de tomar decisiones, «serán los responsables de la desaparición de las explotaciones vitícolas y del tejido productivo en las zonas donde el cultivo de la vid es un motor económico». E insiste en que la única medida de regulación de mercado que llega de verdad a los viticultores, y en consecuencia al territorio, es la vendimia en verde.
En este sentido, recuerda que una vez que la producción de uva se ha transformado en vino, el mecanismo para reequilibrar la oferta y demanda es la destilación de crisis, que consiste en que la administración subvenciona la retirada del excedente de vino para convertirlo en alcohol de uso industrial. Pero en este caso el beneficiario no es el viticultor sino la bodega.
Por último, UAGA destaca que además de no haber solicitado la autorización para activar la vendimia en verde, la administración autonómica también ha perjudicado a los viticultores aragoneses al no haberlos incluido entre los perceptores de las ayudas directas por sequía y por el alza de costes de producción derivados de la invasión rusa en Ucrania. Ayudas que sí aprobaron otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, que destinó 450 euros por hectárea en la zona del Priorato, y Extremadura que aprobó 110 euros/Ha.