En un comunicado, los ingenieros señalan que si se mantiene esta política recaudatoria, en los próximos tres años se habrán cobrado más de 300 millones de euros en Andalucía por este concepto que "se desconoce para qué se está empleando".
El canon autonómico se estableció en la Ley de Aguas de Andalucía de 2010 para financiar un programa de trescientas obras de infraestructuras de depuración y saneamiento, con las que cumplir la directiva europea.
En el caso de Málaga, el informe recoge que el Gobierno andaluz ha recaudado en la provincia en torno a 28,5 millones de euros entre 2011 y 2012.
De los 101 municipios malagueños, 42 no tienen estación depuradora en ninguno de sus núcleos de población, y el interior de la provincia es la zona más afectada.
El Colegio de Ingenieros advierte de que para una provincia cuyo motor es el turismo de sol y playa y cuya imagen es la costa y su entorno natural, es prioritario eliminar los vertidos y la depuración total de las aguas que desembocan en el Mediterráneo, no sólo por cumplir la directiva europea, sino por una "simple cuestión de supervivencia turística".
"Las obras no se pueden parar ni reprogramar, es urgente que se inicien ya", sostienen los ingenieros, que recuerdan que los plazos para cumplir con la normativa europea "están muy comprometidos", teniendo en cuenta que el plazo medio de licitación, adjudicación, redacción del proyecto de una depuradora y su construcción alcanza los veinte meses.
España ya tiene abierto por Europa dos procesos sancionadores por no recoger las aguas residuales en diferentes núcleos, trece de ellos en Andalucía, de los que seis corresponden a Málaga.
Las sanciones podrían "multiplicarse" en 2015 por una "inadecuada gestión" de las inversiones públicas "arañando de nuestras deficitarias arcas públicas unos fondos que debían haberse empleado en construir las infraestructuras necesarias", indica el Colegio.