EFE.- La querella se ha presentado por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y arrogación de funciones judiciales, ha dicho hoy en rueda de prensa el propio Ruiz.
El imputado ha reiterado su inocencia que se le imputa y por el que pasó más de tres meses en prisión preventiva y ha argumentado que se ha "visto obligado" a presentar dicha querella porque se le han denegado todas las pruebas propuestas para demostrar la "conspiración" existente contra él.
"Las pruebas dicen que he sido objeto de una conspiración" ha afirmado Ruiz, quien ha señalado que dicha conspiración ha sido elaborada "en los atestados por el Seprona, presuntamente manipulados, para tratar de inculparme en el incendio".
Entre otros argumentos, la querella recoge que en el atestado de la Guardia Civil se ha omitido el interrogatorio de Lorenzo Ruiz y las actuaciones realizadas en la tarde del 21 de julio de 2009, día del inicio del incendio.
El documento del querellante detalla el contenido de informes de la Guardia Civil en los que se "tuerce" o "tergiversan" testimonios de los testigos, según se dice en la querella.
El detective privado contratado por la defensa, José Luis Sánchez, presente en la rueda de prensa, ha revelado que dos guardias civiles de Tragacete (Cuenca) tuvieron constancia del incendio sobre las 14:30 horas, pero, sin embargo, posteriormente manifestaron que no supieron del fuego hasta las 18:00 horas.
Según Ruiz, las pruebas también dicen "que los servicios de emergencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no han dicho la verdad en los documentos que se han remitido al juzgado y presuntamente se han falsificado certificados con la intención de imputarme en el incendio".
Sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Consorcio Provincial del Servicio de Incendios, dependiente de la Diputación de Cuenca, el abogado del imputado, José María Castilla, ha indicado que en noviembre de 2009 emitió un certificado situando un aviso del del incendio a las 15:43 minutos.
Dos meses después, el Consorcio Provincial rectificó dicho certificado y manifestó que el aviso pertenecía a una residencia de ancianos de Sisante, según Castilla, quien ha apuntado que, además, el teléfono desde el cual se realizó la llamada al Consorcio de Cuenca fue dado de baja.
El letrado también se ha quejado de que se le haya denegado la audición de la grabación de seguridad donde quedan registradas todas las llamadas.
Castilla considera importante determinar el inicio del incendio y ha asegurado que, pese a todo, las pruebas presentadas en el proceso ante el juez demuestran la inocencia de su defendido.