Óscar Tomasi / Efeagro
La intención del Gobierno de gravar con un impuesto específico los refrescos ha herido sensibilidades y ha puesto en pie de guerra a cultivadores de remolacha, fabricantes de alimentos y bebidas, e incluso a la distribución y la hostelería, que apuntan a que la medida criminaliza el azúcar. Y de paso, está dividiendo al propio Partido Popular, donde cada vez se oyen más voces en contra de esta medida, e incluso en el Gobierno.
Los contactos entre el Ministerio de Hacienda, la patronal que agrupa a los fabricantes de refrescos (Anfabra) y la entidad que representa los intereses de la industria alimentaria (FIAB) ya han arrancado, según confirman a Efeagro fuentes próximas a la negociación, que apuntan no obstante que las conversaciones se encuentran aún en una fase inicial.
La nueva tasa se dio a conocer a finales de noviembre, cuando el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisó que el gravamen debe ser aprobado ya en 2017 y se prevé recaudar a través de él 200 millones de euros en este ejercicio.
García Tejerina no se posiciona oficialmente, pero recuerda que «todavía queda un largo camino»
Montoro justificó esta tasa como un «instrumento de lucha contra la obesidad y todo lo que significan los problemas del exceso de azúcar».
Sin embargo, con el paso de las semanas las voces contrarias a esta medida han ido ganando peso y apoyos, incluso dentro del propio Gobierno y el Partido Popular.
«Todavía queda un largo camino» para ver si finalmente se aprueba el impuesto sobre los refrescos, dijo la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el pasado día 14 en un coloquio celebrado en León, la capital española del sector remolachero.
Durante su intervención, García Tejerina recordó que la ley necesitará del apoyo de otros grupos políticos para pasar el trámite parlamentario, un detalle que añade más incertidumbre al futuro de este nuevo gravamen.
A ellas se suman las que hizo públicas meses atrás el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, quien calificó la creación de este impuesto de «disparate».
Los propios productores de azúcar confían en que el Ejecutivo acabe por dar marcha atrás y deje caer este nuevo impuesto, una sensación que hicieron pública tras reunirse con la titular de Agricultura la semana pasada.
Tras la medida parece más claro que hay un afán recaudatorio más que de preocupación por la salud
Aunque el Ministerio no dio detalles sobre el contenido de las conversaciones, los representantes del sector remolachero aseguran que García Tejerina les transmitió que la situación de este gravamen es todavía «muy preliminar», sin que exista siquiera un borrador.
A juicio del presidente de la Asociación de Fabricantes de Azúcar de España, Juan Luis Rivero, «el Ministerio y la ministra están absolutamente de acuerdo con nosotros en esto; hemos estado viendo en qué medida nos puede ayudar en influir en Hacienda para pararlo».
Uno de los puntos clave de este rechazo a la nueva tasa por parte de los productores es que la medida esté impulsada por Hacienda y no por Sanidad, lo que en su opinión refleja su afán recaudatorio.
De hecho, algunas voces del sector apuntan a la presión de Bruselas para que España cumpla con sus metas de reducción de déficit público como una de las razones que están detrás de este nuevo impuesto.
El consumo de refrescos en 2015 -último ejercicio del que hay datos anuales- se situó en España en 41 litros per cápita, de los cuáles aproximadamente la mitad correspondían a bebidas con sabor a cola, según datos del último Panel de Consumo Alimentario.
Desde la industria, la distribución y la hostelería hay quien ha expresado su temor a que el gravamen a los refrescos sea apenas un primer paso para, posteriormente, extender el impuesto a alimentos procesados como bollos, dulces o aperitivos, convirtiéndose en una nueva fuente de ingresos fiscales como hoy son tabaco y alcohol.
Hablan de una supuesta «demonización» del azúcar por su relación con la diabetes o la obesidad, cuando el sector defiende el consumo moderado de este producto.
Para complicar aún más la situación, el impuesto sobre los refrescos también forma parte del debate que mantienen la Generalitat de Cataluña y el Gobierno, ya que ambos han anunciado su creación para este año, en un nuevo caso de conflicto a la hora de establecer el reparto de competencias.