Europa no quiere que la salida del Reino Unido se convierta en un negocio para los británicos y abogan por endurecer todas las opciones que presente, en especial en materia económica. Incluso, el propio comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, defendía esta misma semana que existen “53 acuerdos comerciales” con el Reino Unido en todo el mundo que “habrá que desimbricar” a la vez que advertía de que que los agricultores españoles «tendrán que buscar mercados alternativos» tras el Brexit, aunque no se posicionó sobre su impacto en la PAC.
Pero una cosa es buscar una postura de fuerza y otra no calibrar las consecuencias del Brexit en la economía agrícola española. De hecho, un estudio reciente de la Junta de Andalucía, una de las CCAA que se verían más afectadas por la salida británica, señalaba unas pérdidas de 3.900 millones para la región por las pérdidas de su aportación a la PAC.
Según un estudio del grupo de trabajo de la Junta para analizar el impacto del Brexit en la economía andaluza, la salida de un contribuyente neto tendría en el presupuesto de la PAC, que se traduciría en una reducción de 3.900 millones de euros al año, sobre un presupuesto total de 55.500 millones de euros.
sólo parece que hay dos opciones: O se baja el presupuesto general de la PAC o los Estados asumen la pérdida
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural andaluza, Carmen Ortiz, ha explicado en el Parlamento que para alcanzar el equilibrio presupuestario se barajan varias opciones, la reducción del presupuesto lineal, con el que Andalucía perdería unos 190 millones de euros anuales; o una aportación por parte de los Estados Miembros que compense el cheque británico, que supondría 105 millones de euros menos al año en el caso andaluz.
Por esto, Carmen Ortiz ha explicado también en la Comisión de Agricultura que las líneas de trabajo de la Junta sobre el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) en esta materia están orientadas a tres objetivos concretos, minimizar el impacto sobre el presupuesto comunitario, especialmente en lo relativo a ayudas directas y a fondos para el desarrollo rural; conseguir la actualización y mejora de los mecanismos de gestión de crisis de mercados; y lograr la revisión de los acuerdos con terceros países como Marruecos.
La consejera ha emplazado a grupos políticos y organizaciones sociales a “trabajar todos unidos para defender los intereses de Andalucía” y ha anunciado que trasladará el avance del estudio de diagnóstico realizado por la Junta a las organizaciones agrarias para que puedan también hacer sus aportaciones “y establecer una hoja de ruta consensuada para el futuro”.