Una de las preocupaciones que han llevado de calle al agricultor es la cumplimentación, al hacer la PAC, de tener que identificar la parcela con el DNI del propietario. Según explican desde la organización agraria AEGA, «muchas de estas parcelas se encuentran en algunas zonas en un limbo legal, ya sea porque no están escrituradas o aceptadas en herencia por parte de algunas familias, de las cuales todavía, y durante un tiempo imprevisto, no tienen un reconocimiento personal; o porque los propietarios directamente no se hacen cargo de llevar al registro la certificación; o es difícil conseguir su acreditación personal; o el auténtico propietario está desaparecido o fallecido».

Asimismo, otro gran problema es la mala cartografía que se hizo con la elaboración del catastro en la década de los 90. Cuando apareció el Sigpac, se pudo ver claramente las diferencias entre el plano catastral y la situación real de las parcelas. En la mayoría de los casos no coinciden, sobre todo en aquellos municipios donde no existen concentraciones parcelarias. A lo largo de los años se han ido añadiendo recintos de otras parcelas colindantes para poder declarar la parcela física, y de la cual los agricultores tenían la autorización del propietario, pero dentro de la parcela física existen recintos que pertenecen a otra parcela catastral y a otro propietario diferente. «Para solucionar todos estos problemas, primero habría que corregir los errores del catastro con sus correspondientes actualizaciones», señalan desde la organización.

Desde 2016, la normativa establece como requisito para cumplir la PAC la identificación del propietario, y con el paso de los años ha ido bajando del mínimo que era a partir de 2 hectáreas a 1 hectárea de superficie por parcela la obligación de presentar el DNI del propietario, lo que, en aquellas zonas sin concentración parcelaria, ha generado la búsqueda del propietario, que en algunos casos no han podido contactar con ellos por parte del declarante de la PAC.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón tiene un registro por el cual los propietarios pueden adjuntar las parcelas en propiedad para que no les declaren sin su consentimiento en una PAC ajena y sin acordar con un arrendatario. Por lo tanto, desde AEGA ven que «es una incongruencia que, por una parte, exista esa posibilidad para un propietario, que le evita ser ocupado, y por otro lado se obligue a los agricultores que llevan esas tierras durante años a la búsqueda de un DNI que podría modificar sustancialmente las condiciones por las que esa tierra se arrendó, en muchos casos, desde hace varias generaciones de agricultores. La duplicidad de declaración sobre la misma parcela en la PAC era una preocupación en su día; hoy, que la tierra se abandone, no preocupa en absoluto a los mandatarios».

El Gobierno de España, siempre en la vanguardia de las políticas que impulsan la PAC, parece estar más interesado en poner trabas a la puesta en cultivo de hectáreas, que son un sostén de la agricultura familiar, en búsqueda de la llamada “Restauración de la Naturaleza”, por la que cientos de parcelas acaban siendo abandonadas completamente y engrosando el número de hectáreas que sirven para justificar el aumento de las zonas de pastos arbustivos, montes o masas forestales. Estas zonas, como ocurre en áreas muy abandonadas, sirven de combustible para que los incendios cerca de poblaciones sean imposibles de controlar, como ya vimos este verano en la zona noroccidental de España, siendo devastados los mismos núcleos urbanos.