EFE.- Así lo ha explicado Arias Cañete en una rueda de prensa en la que ha detallado que España ha conseguido la práctica totalidad de sus reivindicaciones, después de que las tres instituciones de la Unión Europea hayan alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), a expensas de ser validado esta tarde por la Comisión de Agricultura de la Eurocámara.
España contará con 35.705 millones de euros para ayudas directas, 8.291 millones para desarrollo rural y 3.000 millones para medidas de mercado: 47.000 millones en total para el marco 2014-2020, que se elevarán hasta 50.000 millones si se suma la cofinanciación nacional para las medidas del segundo pilar de la PAC, en niveles similares al montante del período actual, según ha resaltado el ministro.
"Ningún sector de la economía española va a recibir apoyos similares", equivalentes al 30 % de la renta agraria, ha subrayado.
El campo se regirá en 2014 por el modelo anterior de la PAC, pero con el presupuesto actual, "con los ajustes que haya que hacer", de modo que la reforma entrará en vigor a partir de octubre de 2015.
Implicará la traducción de los documentos comunitarios y la negociación con las comunidades autónomas para su aplicación.
La UE dejará sin ayudas de la PAC a campos de deporte y golf, aeropuertos, servidumbres de carreteras y vías ferroviarias, porque formarán parte de una lista "negativa" de perceptores, si bien el Gobierno y comunidades autónomas pueden ampliar ese listado en la negociación de la conferencia sectorial del 24 y 25 de julio.
Según ha detallado, España evita aplicar una convergencia interna "plena" en 2019 -una tasa plana o ayuda igual por hectárea para todos los productores hubiese provocado grandes trasvases entre perceptores y regiones- y consigue, además, limitar a 22,4 millones de hectáreas la superficie con derecho a ayuda.
Por su parte, los pequeños agricultores no estarán sujetos a la convergencia interna, ni tampoco estarán sometidas a esa obligación las ayudas acopladas, unos 637 millones de euros.
En esta reforma, España ha hecho un trabajo inteligente, serio y riguroso, valorado", incluso la Comisión Europea "considera que hemos sido un país serio", ha remarcado Cañete, quien ha lamentado por contra que Reino Unido y Alemania se hayan abstenido.
España y las comunidades autónomas tendrán que elaborar ahora un "sofisticado" sistema de "comarcalización": se crearán más de 40 regiones, teniendo en cuenta los cultivos y ayudas que reciben, para que la convergencia sea "limitada" y evitar fuertes trasvases.
En este sentido, se incluye una cláusula de salvaguarda para situaciones excepcionales, con una limitación del 30 % en la reducción de las ayudas que pueda sufrir un beneficiario.
Ha recordado que puede darse el caso de trasvases en sectores intensivos que podrían "neutralizarse" con ayudas acopladas, pero también que se dan "situaciones especulativas" de beneficiarios que cobran ayudas sin tener actividad, lo que "hay que erradicar".
Ha defendido una aplicación nacional de la PAC y que el Gobierno "ejercerá" sus competencias para la planificación regional de este modelo, tal y como han marcado recientes sentencias del Tribunal Constitucional.
"El modelo, si se intenta hacer a nivel de comunidades autónomas exclusivamente es muy complicado o imposible", ha argumentado
Entre los avances en la negociación, el 30 % del pago por greening ("pago verde") se calculará a nivel de explotación; a olivar, viñedo, frutos secos, cítricos, frutales y arroz no se les exigirán condiciones ecológicas adicionales por el "componente verde" y se rebajan los requisitos en rotación de cultivo y zonas de especial interés ecológico.
También habrá más ayudas acopladas para las proteaginosas y los productores de tabaco y algodón "no perderán ni un sólo euro".
Respecto a la modulación, sólo estarán sujetos los productores de más de 150.000 euros y a tipos más reducidos de los barajados (inicialmente se hablaba del 10-14 %), aunque queda por concretar.
Como avances destacables, el Gobierno ha remarcado que se prorroga hasta 2017 el régimen de cuotas de azúcar; en viñedos, se establece un sistema de limitación de producción basado en autorizaciones hasta 2030; se recupera la intervención pública para el trigo duro; y se abre la puerta a que se actualicen los precios del almacenamiento del aceite según costes reales de producción.
En el lácteo, se retomará en septiembre el debate sobre actuaciones de apoyo, aunque no se conseguirán mantener sus cuotas.
El ministro ha apuntado que la Comisión podrá permitir retiradas de mercado en sectores azotados por perturbaciones del mercado.
Sobre la posibilidad de incluir a las frutas y hortalizas en los nuevos pagos, Arias Cañete ha resaltado que tendrán que ser las comunidades las que lo decidan: "Aquí hay 50.000 millones y, si se mete a más gente para repartir la cantidad, a alguien hay que quitársela, y lo mismo pasa con el viñedo".
Entre otros avances en la negociación, ha afirmado que la Comisión permitirá a las organizaciones de productores la negociación colectiva de los contratos siempre y cuando no superen el 20 % de la producción nacional.