"Todos los dirigentes del paro nacional cafetero y del Gobierno tenemos hoy la obligación de explorar todos los mecanismos que nos permitan llegar a un acuerdo para que las protestas del paro cafetero permitan que lleguen alimentos, ambulancias médicas e insumos médicos a la población", dijo el vicepresidente.
En declaraciones previas a la reunión Garzón manifestó a la emisora La FM la voluntad del Gobierno para negociar, la misma que han declarado los portavoces cafeteros, quienes días atrás anunciaron que rebajarían sus exigencias.
El viernes pasado los cafeteros y el Gobierno iniciaron un diálogo que se truncó cuando discutían la cuantía de los subsidios a los productores.
Se espera que los caficultores pidan también contener las importaciones del grano que se han hecho en Colombia ante las bajas cosechas por las lluvias y las plagas de roya y araña roja.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizó ayer a sus ministros y a Garzón retomar el diálogo con el gremio cafetero, esta vez sin la condición de que se hubieran retirado de las carreteras, cortadas en al menos quince puntos del país.
Santos se refirió a "la grave situación humanitaria que se vive en algunas zonas del país" de desabastecimiento y aislamiento, las cuales achacó a "los absurdos bloqueos".
El Gobierno ha exigido a los manifestantes que permitan al menos el paso de ambulancias y convoyes médicos.
En este sentido, la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Colombiana denunciaron hoy "dificultades para la libre movilización de las ambulancias y los vehículos que transportan suministros médicos y oxígeno" en algunas partes del país.
"Al limitarse la prestación de servicios médicos se ponen en riesgo la salud, la integridad y vida de muchas personas", sostuvo Jordi Raich, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Fiscales de las regiones donde se han presentado las protestas -Cauca, Antioquia, Huila, Caldas, Valle del Cauca y Tolima- investigan a 70 personas por los delitos de perturbación del transporte público y obstrucción de las vías, según el ente acusador.