El Gobierno y las Comunidades Autónomas han coincidido en llevar a Bruselas el mantenimiento de la renta agraria de los agricultores como prioridad para la nueva programación de la Política Agraria Común (PAC), que regirá a partir de 2020 y cuyo debate ya se ha iniciado.

Así lo ha explicado el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, al término del Consejo Consultivo de Agricultura y Pesca, celebrado este lunes en Madrid para abordar el próximo Consejo de Ministros de la UE de este área que tendrá lugar en una semana.

En el encuentro, presidido por la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, han participado los consejeros de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia, y por videoconferencia, los representantes de Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Navarra y Castilla y León.

Las CCAA coinciden en que es necesario consensuar una postura y en reclamar un presupusto adecuado

Para el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, en la propuesta realizada por la Presidencia maltesa no aparece el que a su juicio es el primer objetivo pendiente, mejorar la renta agraria de los profesionales del sector, un asunto que a su juicio debería «centrar el debate».

«Tenemos que empezar ya a fijar nuestra posición», ha afirmado por su parte el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, quien ha enumerado otras líneas que no están en este documento inicial, como la apuesta por los consumidores o la relación con el cambio climático.

La consejera de Medio Rural de Galicia, Ángeles Vázquez, ha considerado que la cita es un «buen punto de partida» para que cada comunidad autónoma haga las matizaciones propias y que es «fundamental» empezar con tiempo para poder hacer «todos los estudios necesarios» y alcanzar «el máximo consenso», defendiendo la necesidad de garantizar la renta agraria.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha insistido en la necesidad de que la Política Agrícola Común (PAC) cuente con «presupuesto suficiente» en el próximo marco 2021-2027. Para la representante del Gobierno andaluz, «se trata de un eje fundamental para el desarrollo económico y del medio rural para Andalucía y queremos que tenga dotación suficiente y que se puedan recuperar los más de 900 millones de euros que perdimos con el reparto que hizo el Gobierno central a las comunidades autónomas». Con vistas a esta reforma de la política comunitaria, un equipo especializado de la Consejería está trabajando desde hace varios meses en la definición y desarrollo de la posición andaluza ante esta nueva PAC.

Defensa de una postura común ante el debate abierto en el seno de la UE ante la próxima reforma

En el Consejo Consultivo también se han tratado otros asuntos que se debatirán en Bruselas como la presentación de las conclusiones del Grupo G-20 de Agricultura celebrado en Berlín, que se centró en el tema del agua, y la creación por parte de la Comisión de un proyecto de voluntariado para jóvenes de entre 18 y 20 años.

Cabanas ha recordado que la Comisión Europea abrió un periodo de consultas el pasado 2 de febrero y que la Presidencia maltesa de la Unión Europea ha decidido que es «un buen momento» para comenzar a discutir sobre lo que puede ser el futuro de la PAC.

Para ello, según ha precisado el secretario general, la presidencia de turno ha elaborado un documento con las prioridades, que se centran en temas como la seguridad alimentaria, la defensa de los agricultores, la cuestión medioambiental o sanidad animal, entre otros aspectos.

También ha facilitado un cuestionario con dos preguntas; una de ellas para conocer la opinión de los Estados Miembro respecto a dichas prioridades, y la segunda sobre el equilibrio entre el primer y el segundo pilar de la PAC.

Según ha recordado Cabanas, está prevista la celebración de una conferencia los próximos 27 y 28 de marzo para iniciar las discusiones sobre la posición española de cara a la nueva PAC en clave nacional.

A esta reunión, se ha invitado a los representantes del sector agroalimentario, de las Comunidades Autónomas y de todos aquellos colectivos que «quieran fijar su posición», ha añadido.