El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado interponer un recurso contra el trasvase al Segura autorizado para el mes de abril de 15 hectómetros cúbicos, en base a que se tomó como referencia el día 1 de abril, cuando la cabecera del Tajo no llegaba a los 400 hectómetro de capacidad. En rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, ha explicado que aquel trasvase es «manifiestamente ilegal».
Lo es porque se tomó como referencia para el trasvase el día 1 de abril, cuando los embalses de la cabecera de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, no llegaban a los 400 hectómetros de capacidad que es el mínimo no trasvasable, y porque se incumplieron las reglas de explotación ya que no se descontaron de esa cifra los 118 hectómetros de lodo y barro que tienen los pantanos, ha explicado.
Hernando ha afirmado que frente a la «pasividad» y «entreguismo» de otras épocas, el Gobierno de Castilla-La Mancha está utilizando «todas las herramientas legales» para frenar lo que «algunos llamaron saqueo» que sufre la cabecera del Tajo.
en los dos últimos años se ha trasvasado más agua desde los embalses de cabecera (388 hectómetros) que la que queda en los pantanos
El nuevo recurso que el Consejo de Gobierno ha acordado interponer afecta al trasvase número 22 aprobado en menos de dos años, según Hernando quien ha precisado que los trasvases han convertido al Tajo «en un río prácticamente al borde de la defunción» y contaminado a su paso por ciudades como Toledo o Talavera de la Reina.
De hecho, en los dos últimos años se ha trasvasado más agua desde los embalses de cabecera (388 hectómetros) que la que queda en los pantanos (354 hectómetros esta semana, el 14 por ciento) y con el agravante de que un tercio de lo que queda es barro, no agua.
Además, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha criticado que el Ejecutivo central no trasvasa en función del agua que hay, sino de la previsión de lluvia: «ya no es el cuento de la lechera, es la trilogía de la lechera», ha señalado.
Lo que reclama la Junta al Gobierno central es «trasvase cero» en adelante, cumplir los caudales ecológicos y que las desaladoras funcionen «a pleno rendimiento» e incluso activando una línea de ayudas por parte del Gobierno central «si hiciera falta».
En este sentido, ha afirmado que la autorización de 21 hectómetros cúbicos de agua desde la desaladora de Torrevieja evidencia que para el Levante «es una opción real, viable y absolutamente necesaria» dada la situación en los embalses de cabecera del Tajo.
«Las desaladoras son una parte de la solución y, por lo tanto, debemos apostar por ellas como conjunto de país», ha argumentado Hernando.
El recurso lo aprovecha el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page para reiterar su petición de formar parte de los órganos de decisión, como cuenca cedente, y la urgencia de alcanzar un pacto nacional que involucre en la solución a Castilla-La Mancha y Levante.