El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes, a instancias del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la urgente ocupación de los terrenos afectados por la ejecución de las obras del embalse del Almudévar, infraestructura hidráulica del Sistema de Riegos del Alto Aragón.
Según informó el gobierno central, el pago por las expropiaciones necesarias para llevar a cabo la construcción del proyecto, que afecta a terrenos de los municipios de Almudévar, Huesca, Vicién, Tardienta y Sangarrén, se estima en unos 37,7 millones de euros.
Este proyecto del embalse del Almudévar, que responde a una importante demanda social de los regantes, prevé paliar los efectos de la sequía tanto en los agricultores, por la disminución de sus ingresos, como en el conjunto del tejido social, en el área económica y, principalmente, en el crecimiento o mantenimiento del empleo.
El proyecto constituye «la empresa de mayor importancia de las que se están acometiendo en España en materia hidráulica»
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aprobó el pasado mes de marzo el proyecto de construcción del embalse del Almudévar, con una inversión global de 102.204.834 euros.
Las obras contemplan la construcción de un embalse con capacidad para almacenar 169,41 hectómetros cúbicos de agua mediante dos presas (diques) de materiales sueltos que cierran, en sus costados occidental y oriental, una amplia vaguada natural próxima al núcleo poblacional de Almudévar.
Esta actuación se completará con la construcción de una estación de bombeo, una subestación eléctrica y la reposición de los caminos afectados.
La infraestructura hidráulica proyectada tiene como principal objetivo regular los riegos del Alto Aragón, al posibilitar el almacenamiento de los caudales del río Gállego que superen la capacidad de embalse de La Sotonera así como de los excedentes de regulación del río Cinca.
El embalse de Almudévar forma parte del proyecto que incluye el proyecto de pantano de Biscarrués, obras que en su conjunto tienen como principal objetivo regular los Riegos del Alto Aragón, posibilitando, por un lado la laminación de las avenidas del río Gállego y, por otro, la aportación de caudales para riegos en periodos de escasez.
Las fuentes citadas señalan que estas dos actuaciones constituyen «la empresa de mayor importancia de las que se están acometiendo en España en materia hidráulica, tanto por su singularidad como por su oportunidad, y demuestran el compromiso del gobierno por cubrir las necesidades hídricas de la Comunidad Autónoma de Aragón».