Actualmente, las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG están reconocidas para la interlocución con el Ejecutivo y la negociación de las ayudas públicas, mientras que se halla fuera la Unión de Uniones, que nació de una escisión de COAG, pero que con el paso del tiempo se ha ido consolidando hasta el punto de ser una de las voces que más han respaldado este proceso electoral.
En el lado contrario, están UPA y COAG, que no se opone abiertamente, pero no consideran necesario ese proceso y critican sobre todo que el mismo se lleve a cabo como una consulta, en lugar de sobre la base de una ley electoral. En esta línea, plantearon la necesidad de negociar, en primer lugar, para definir la constitución del censo. La iniciativa no ha sido rechazada desde ASAJA, aunque por parte de organizaciones provinciales se considera no es el momento para dedicar tiempo y dinero para su celebración. En las enmiendas introducidas en el Senado por el propio grupo popular se contempla la posibilidad de elaborar el reglamento para la aplicación de la ley en un plazo de 18 meses por lo que su celebración en esta legislatura dependería solo de una decisión política.
La ley, a punto de aprobarse en el Parlamento, prevé la presencia de una urna por cada 500 censados. Se considerará sigla representativa a efectos de interlocución, disponer de ayudas y participar en la asignación temporal del patrimonio de las viejas Cámaras Agrarias, a quienes obtengan un mínimo del 15% de los votos emitidos a nivel estatal y un 5% en seis comunidades autónomas.
Según el proyecto del Gobierno, además de los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores agrarios por cuenta propia, podrán votar quienes perciban pagos por encima de los 3.000 euros o que, de todos sus ingresos, un 25% proceda de actividad agraria.