El 20 de diciembre se publicaban los seis reales decretos para aplicar la PAC, un paquete normativo con el que culminó el trabajo de tres años y que necesitó de grandes acuerdos entre Gobierno y Comunidades Autónomas para garantizar una convergencia interna progresiva y un mercado único en España, ha recordado la ministra.
La misma definición de agricultor activo que se conocía
Ha detallado que, en un marco presupuestario restrictivo en la Unión Europea (UE), España mantendrá el nivel de apoyos al campo -el 30 % de las rentas del agricultor proceden de estas ayudas-, con unos 47.000 millones de euros hasta 2020, de los que más de 37.700 corresponden a ayudas directas, 8.291 a las del desarrollo rural y 3.000 millones para medidas de mercado.
Según García Tejerina, se han puesto las bases legales para que sólo reciban ayudas las explotaciones que realmente desarrollan actividad económica real -al menos el 20% de sus ingresos deben ser del mercado- o que asumen el riesgo empresarial si no alcanzan el porcentaje, por lo que habrá controles para asegurar que estos últimos demuestren los gastos que hacen y los cuidados que realizan.
En desarrollo rural, se creará un Comité de Coordinación de Autoridades de Gestión que podrá acordar trasvases entre programas en España para aprovechar mejor los recursos y evitar que puedan perderse fondos Feader -en caso de que no puedan aplicarse en los plazos que marca la Unión Europea-, ha señalado.
Se aplaza a octubre la fecha para saber el importe provisional de los cobros
En 2015 -año en el que se asignarán los nuevos derechos de pago básico, en función de 50 regiones agronómicas- se completará el marco legislativo para crear las organizaciones de productores (OPs) y se desarrollará el marco legal que permitirá la transición hacia el nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedos.
En función de las solicitudes, está previsto que en octubre los agricultores conozcan el importe provisional de su anticipo; en diciembre tendrán un dato más actualizado, incluyendo los pagos acoplados y a los jóvenes, y en 2016 las ayudas del "greening".
También tendrá lugar, en breve, la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se creará el registro de explotaciones agrarias y titulares para el cobro de las ayudas.
Por su parte, el portavoz de Agricultura del PP, José Cruz Perez Lapazarán, mostró su satisfacción en su intervención por las garantías de seguridad y estabilidad en cuanto a la percepción de fondos que se da al sector, que tendrá "una buena política agraria" sin disfunciones entre explotaciones. Además, se resuelven dudas sobre agricultor activo, regionalización, condicionalidad y desarrollo rural, recalcó.
La oposición no sale nada convecida y mantiene sus críticas
Por su parte, el portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, ha hablado del "fracaso" del Gobierno, tras una caída de la renta agraria en el último año prevista del 7,1%.
"No es la reforma que esperaban y necesitaban los agricultores profesionales de España" aunque "quizás pueda venir bien a algunos, especialmente los grandes propietarios de tierra", según Alonso, tras apuntar que el nuevo modelo no zanja las injusticias del sistema, ni da prioridad a la actividad ni al empleo en el sector.
Para Alonso, se trata de un modelo de aplicación "calamitoso, plagado de mentiras y absolutamente decepcionante", que implicará un "tijeretazo" en las ayudas que recibirán los productores.
"No estamos de acuerdo en los criterios utilizados por el Gobierno" para establecer un modelo de aplicación de la PAC "centralista" desde el Estado, ha indicado Joseba Agirretxea (EAJ-PNV), tras resaltar que exigen "el respeto máximo a las competencias de Euskadi" en materia agrícola.
A su juicio, es "denunciable" la consideración de agricultor activo -quien percibirá las ayudas directas-, al tiempo que cuestiona la debilidad de los apoyos al vacuno de leche o "los cambios de planteamiento" para "beneficiar" a algunas comunidades.
Desde Izquierda Plural, Álvaro Sanz ha considerado que el modelo de aplicación de la PAC no garantiza normas de justicia social a la hora de configurar los precios de los alimentos, que se ven sometidos a los vaivenes del mercado".
Ha planteado "el descrédito y la deslegitimación" que supone la definición que se ha hecho de "agricultor activo" que no acabará con los "cazaprimas".
Marc Solsona (CiU) ha cuestionado que sectores como frutas y viña se queden sin apoyos suficientes tras una reforma que ha calificado de "recentralizadora" y de gran complejidad burocrática.