Por primera vez desde 1993 que se cobran ayudas PAC, señala la organización a la consejería de Agricultura no le basta un certificado del presidente de la junta vecinal", y pide una “certificación literal del acuerdo del órgano de gobierno en el que conste detalladamente la parcela arrendada a cada uno de los agricultores del pueblo”, algo en opinión de Asaja "es imposible de aportar ahora ya que por lo general los acuerdos no se toman así".
Asaja considera que la Consejería exige ahora "de forma extemporánea lo que no ha pedido en el momento de solicitar las ayudas, que este extremo no consta en la normativa que regula las subvenciones de la PAC, y que si sospecha de algún fraude en concreto por parte de algún agricultor o alguna junta vecinal, lo que debe de hacer es perseguirlo y sancionarlo sin sembrar la duda sobre el resto".
Asaja no admite que el Gobierno regional, gestionado desde Valladolid, "generalice la sospecha de prevaricación en las decisiones de los presidentes de juntas vecinales, ni que generalice una práctica de apropiación indebida de terrenos comunales por parte de agricultores y ganaderos leoneses". En opinión de la organización, "siendo mejorable la gestión de muchas entidades locales, no se le puede exigir a entidades sin funcionarios ni medios administrativos, una carga burocrática como se le exigiría a una administración superior, y en todo caso, las guerras entre administraciones -gestionadas incluso por miembros del mismo partido político- no deben de pagarlas los administrados con perjuicios económicos".
Por todo esto, Asaja, que pide a Silvia Clemente que se informe de esta cuestión y la resuelva de forma inmediata, "no quiere ni pensar que detrás de esta decisión de ámbito agrario se pueda esconder otra de mayor calado, tendente a desacreditar la gestión de las juntas vecinales, de las entidades locales menores, en aras a tener argumentos que justifiquen la extinción de las mismas en la reforma de la administración local que prepara el Gobierno"..