En cuanto a los pagos directos, Galicia y Cantabria han apostado por la "garantía del mantenimiento, sin recortes" de los fondos que se perciben de forma anual de las actuales asignaciones de la PAC, han informado en un comunicado conjunto.
Igualmente, han hecho una enarbolada defensa de la limitación de los efectos de la convergencia interna, es decir, evitar distorsiones entre sectores y territorios; y han propuesto una comarcalización de la PAC que contemple las realidades y orientaciones productivas a nivel de todo el país.
En lo que atañe a las zonas desfavorecidas con limitaciones especiales, se han decantado por una aplicación del pago directo voluntario previsto para estas áreas, y, asimismo, se han posicionado a favor de un trato igualitario para todos los productores, con el fortalecimiento de las organizaciones que ello supone y la coordinación de las autoridades nacionales de Competencia.
Otro de los temas contemplados ha sido la necesidad de una cofinanciación Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) cuando menos análoga a la vigente en la que se tengan en consideración criterios como el porcentaje de empleo agrario.
Por último, ha habido aquiescencia en la posibilidad de que coexistan un Plan de Desarrollo Rural (PDR) autonómico y otro a nivel central, con la limitación de este último a actuaciones de ámbito supra-autonómico.