EFE.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, han explicado en conferencia de prensa que este texto será remitido al consello agrario y al forestal, que lo analizarán el próximo mes, antes de que sea aprobado por el Gobierno gallego.
Los propietarios de estos terrenos podrán ponerlos a producir, alquilarlos a un tercero para que produzcan o cederlos al banco de tierras, ya que si no la Xunta podrá actuar "de oficio", según Quintana y movilizar las fincas al banco de tierras.
Tanto Núñez Feijóo como la conselleira han incidido en que esta ley pretende pasar del concepto de concentración parcelaria al de reestructuración, ya que hasta ahora se hacía la unión de fincas con el único objetivo de ganar superficie, pero sin tener en cuenta el uso de las mismas.
Además, la media de los procesos actuales de concentración se sitúa entre 10 y 20 años, un tiempo excesivamente largo que la Administración quiere reducir para que no supere los cinco años.
Quintana ha explicado, en alusión a los perímetros situados cerca de núcleos urbanos que estén abandonados, que la Xunta actuará en ellos para que no constituyan un riesgo de incendio.
"Proponemos analizarlos para aconsejar a los propietarios que hagan una explotación agraria o forestal, que la alquilen o que los cedan al banco tierras. Es una pena que gente joven busque trabajo fuera de nuestra tierra cuando en el rural tienen muchísimas posibilidades", ha indicado la conselleira.
Ha destacado que la Xunta trabaja desde un punto de vista técnico para analizar todas las tierras y ver para qué vale cada una, y que a cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto agropecuario o forestal "se le pueda ayudar incluso en la búsqueda de tierras" para su realización.
En cuanto a las concentraciones parcelarias, ha dicho que existen 102 en la actualidad en las que "desde hace muchísimo tiempo no se ha avanzado", por la falta de disposición de los propietarios para seguir el proceso.
Ha adelantado que por un acuerdo entre los particulares, por su propia iniciativa, el tiempo de trámite se puede acortar y, además, ha dicho, servirá para poner en valor los terrenos "reestructurados" y no solo concentrados, como ocurría hasta ahora con una ley que data de 1985.
En caso de que la finca continúe abandonada hay un régimen sancionador que va desde los 300 hasta los 3.000 euros, ha indicado la conselleira, que ha comentado que está "dispuesta a revisar" dicho régimen para aumentar la sanción.
"Se enfoca la gravedad del abandono -ha explicado- no es lo mismo la (finca) que pueda ser alentadora de un incendio, que una abandonada que no produzca un alimento necesario".
Núñez Feijóo ha incidido en que esta ley supone una apuesta por el medio rural como opción de futuro y contribuirá a solucionar "distintos obstáculos" existentes "desde hace décadas".
Ha relatado las distintas medidas introducidas en el medio rural por su gobierno en la pasada legislatura y en la presente y ha destacado que el interés de la Xunta es "tratar en serio un problema estructural de Galicia: el abandono de la tierra y la falta de capacidad" de las explotaciones.
"Hay una prioridad fundamental -ha continuado la conselleira- dar una solución al rural, trasladar a los ciudadanos que es posible desarrollar en él la vida y una actividad económica".
La ley prevé mejorar la relación con los propietarios a través de las juntas de titulares y de un comité técnico asesor provincial, declarará la caducidad de procesos obsoletos hoy en día y prevé crear un plan de predios especiales de identificación agraria; esto es, "zonas adecuadas" para cada cultivo o uso, "algo así como polígonos industriales para el desarrollo", ha ejemplificado Quintana.