Cuatro Fundaciones de referencia en el sector medioambiental se han unido tras detectar que determinados agricultores y ganaderos con sentencias penales en firme por graves incumplimientos de la normativa ambiental continúan percibiendo las ayudas de la PAC. Denuncian que se trata de un fraude sistémico en relación a fondos públicos debido a un laxo régimen de penalizaciones y una falta de coordinación administrativa, por lo que piden una coordinación entre MAPA y fiscalía ambiental para evitar irregularidades en los pagos de la PAC.

Las cuatro fundaciones de referencia en el sector medioambiental (Fundación Global Nature, Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, Fundación Oso Pardo y Fundación Naturaleza y Hombre) se han unido para trabajar de manera conjunta tras detectar que se está cometiendo un fraude sistémico en relación a estos fondos públicos debido a la existencia de un laxo régimen de penalizaciones y la falta de coordinación administrativa entre fiscalía ambiental y los órganos pagadores y coordinadores de dicho régimen de la PAC.

Por ello, y con el objetivo de mejorar el régimen de penalizaciones de la condicionalidad de la PAC y frenar y detectar esas bolsas de fraude, las cuatro entidades solicitan de forma urgente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que solicite a las CCAA que crucen datos con fiscalía ambiental para el cumplimiento de la condicionalidad reforzada en el Pepac 23-27. En este contexto, aseguran que estos pasos son necesarios para lograr la verdadera finalidad del régimen de la condicionalidad reforzada, frenar los incumplimientos de la PAC y evitar el fraude de los fondos públicos.

Como ejemplo, puede citarse lo sucedido en una CCAA del norte de España, donde apareció un quebrantahuesos envenenado y fue hallada la sustancia tóxica en una explotación ganadera cercana. El propietario de la explotación ganadera cobró aquel año 42.000 € de fondos de la PAC.

En esta línea, las cuatro fundaciones están trabajando para a dar a conocer el problema detectado ante las administraciones públicas y los miembros del Parlamento y la Comisión europeos para identificar el problema y fomentar la implementación de las soluciones técnicas y jurídicas necesarias para frenar la impunidad existente.

SENTENCIA DE DOÑANA

En este contexto, es importante resaltar que se ha creado un nuevo marco jurídico que posibilita poner fin a estos delitos ambientales y la impunidad que hasta la fecha existía con el robo de agua ilegal en espacios protegidos gracias a la reciente y mediática sentencia del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla. Se ha condenado a 4 agricultores titulares de una finca de Doñana por la extracción ilegal continuada de agua del acuífero del espacio protegido, con gravísimas consecuencias tanto ambientales como sociales, y cuya acción ilegal ha causado graves daños al patrimonio público, tal y como se detalla con rigurosidad en el texto de la sentencia.

Es este un ejemplo de la demanda conjunta de cruzar datos: estos agricultores sancionados por graves daños al medio ambiente están incumpliendo los Requisitos Legales y BCAM de la condicionalidad de la PAC y es una muestra de que deben establecerse las penalizaciones pertinentes. Por ello, las cuatro entidades insisten en que el órgano pagador y el coordinador debería cruzar datos con fiscalía ambiental y actuar de oficio para establecer las penalizaciones pertinentes, y así se les ha comunicado para que expliquen si en este caso y en otros similares han procedido de esta manera.

Para estas 4 fundaciones de referencia se debería conseguir una PAC que mejore el sector agrícola y ganadero de nuestro país, y que beneficie a quien cumple las buenas prácticas ambientales y los requisitos legales que establece la condicionalidad, a la vez que sanciona adecuadamente a todos aquellos actores que incumplen la legislación ambiental.

En esta misma línea, las asociaciones van a dirigir un escrito al organismo coordinador estatal, Fondo Español de Garantía Agraria, Fega, para solicitar una reunión de trabajo técnica para mejorar el régimen sancionador de la PAC y lograr en la debida colaboración institucional que se debe entre ambos sectores, la finalidad establecida en este ámbito.