Feragua ha subrayado que se trata de una subida completamente insostenible para el regadío y ha exigido al Ministerio que rectifique y elimine la intermediación de Acuaes, la antigua Acuavir, en la explotación de estos embalses, intermediación que solo provoca un encarecimiento artificial del coste que soportan los usuarios
En la Junta de Explotación del Guadalquivir Bajo, los regantes han encontrado el respaldo de todos los usuarios de la Cuenca, tanto de abastecimiento, como los industriales y aprovechamientos hidroeléctricos. Todos estos grupos han decidido unánimemente urgir al Ministerio para que encomiende la explotación directa de la Breña II y Arenoso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y acabe con las duplicidades e ineficiencias actuales.
Feragua estima que una gestión directa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con sus propios recursos y equipos, permitiría reducir el canon a una tercera parte, además de ampliar el periodo de amortización de 25 a 50 años, como ocurre en todas las presas estatales. Y por ello viene solicitando de manera reiterada al Ministerio que encargue la gestión de estas presas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, una petición que no ha sido hasta ahora atendida.
“En tiempos de adelgazamiento de la administración, no tiene ningún sentido lo que pasa con la Breña II y Arenoso, que están gestionadas por una sociedad estatal que solo intermedia y sólo subcontrata los trabajos que podría hacer la Confederación con recursos propios”, ha señalado la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, que ha recordado que “por 16 presas del sistema de regulación general, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir traslada unos costes de explotación de 4,3 millones, mientras que por solo dos presas, la sociedad pública Acuaes traslada 1.3 millones, casi el doble de costes por presa: de 270.000 a 650.000 euros”.
Feragua valorará en su próxima Junta de Gobierno la posibilidad de promover un plante fiscal contra el canon de la Breña II y Arenoso. “Estamos dispuestos a pagar, pero un precio justo, no un precio abusivo sin ninguna justificación”, ha concluido.