En la Jornada se ha analizado de forma específica el Plan Hidrológico del Guadalquivir, elaborado por la administración estatal y de inminente aprobación, y la reforma de la Ley de Aguas acometida también por el Gobierno central.

    Sobre nuevo el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la presidenta de Feragua ha señalado que debe servir de acicate para la modernización de las infraestructuras del regadío granadino de interior. Bustamante ha estimado en más de 50.000 hectáreas la superficie de riego necesitada de modernización en la provincia de Granada (unos 10.000 en la zona norte) y ha señalado que el nuevo Plan admite que hasta el 45% de los ahorros logrados con la modernización puedan dedicarse a nuevos regadíos en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Por consiguiente, ha señalado, la modernización podría permitir una ampliación de la superficie de riego de acuerdo con lo previsto en la nueva planificación hidrológica.

    En el esfuerzo de modernización, la presidenta de Feragua ha pedido a las administraciones agilidad y flexibilidad en las ayudas, cumplimiento en los compromisos de pago, y menos exigencias financieras, pues de lo contrario, en las actuales circunstancias, “será imposible embarcarse en estos proyectos”. Margarita Bustamante ha destacado el esfuerzo realizado hasta ahora por los regantes andaluces, promoviendo en la última década procesos de modernización que han afectado a más de 350.000 hectáreas, con una inversión total superior a 2.000 millones de euros, de los que el regadío ha puesto la mitad.

    Sobre la reforma de la Ley de Aguas, la presidenta de Feragua ha lamentado que esconda una “expropiación encubierta de los derechos sobre aguas privadas subterráneas” y ha exigido cambios en el desarrollo normativo de la ley para evitar que pueda producirse una expropiación de los derechos sobre aguas privadas subterráneas sin compensación económica para los agricultores. Asimismo, y en relación con las aguas públicas, la presidenta de Feragua ha señalado que el proceso de regularización debe hacerse priorizando los usos más antiguos y garantizando dotaciones suficientes para todos, “y en ningún caso a través de la fórmula del café para todos”.

    Finalmente, ha advertido que todo el esfuerzo de regularización y ordenación de las aguas subterráneas no servirá de nada si la administración no se dota de las tecnologías y sistemas adecuados para realizar un control efectivo de su uso.

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