El nuevo marco regulatorio nacional y comunitario que afecta al sector de frutas y hortalizas es complejo y desfavorable, según concluyó la Comisión de Gobierno de FEPEX, reunida en Madrid. Los proyectos de Real Decretos de envases y residuos de envases; de uso sostenible de productos fitosanitarios; de nutrición sostenible en los suelos agrarios y el que regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas (SIEX) son algunas de las normativas pendientes de publicación, que tendrán un fuerte impacto en la actividad productiva y comercial, y no contribuyen a afrontar los retos del sector, por lo que se pide su revisión y una moratoria en su aplicación.
Constituida por representantes de las Asociaciones de las distintas comunidades autónomas, la Comisión de Gobierno de FEPEX analizó el amplio paquete legislativo de nueva aplicación en el sector de frutas y hortalizas cuya publicación está prevista antes de que finalice el año. En el ámbito de la comercialización, el Real Decreto de envases y residuos de envases, exigirá presentar las frutas y verduras frescas sin utilizar envases de plásticos para cantidades inferiores a 1,5 kilogramos, impidiendo, en su redacción actual, el uso de otros envases reciclables, biodegrabales o compostables, por lo que impactará muy negativamente sobre la sostenibilidad del sector, impidiendo una política de diferenciación.
PREOCUPA EL USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS; EL DE SUELOS AGRARIOS Y EL REGISTRO AUTONÓMICO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EL CUADERNO DIGITAL
En el ámbito de la comercialización preocupa también el registro de contratos alimentarios, que obligará a los compradores, a partir de enero de 2023, a inscribir los contratos alimentarios y sus modificaciones, anexos y documentación complementaria, por vía electrónica, antes de la entrega del producto, entre otros aspectos.
En el ámbito productivo, la Comisión de Gobierno de FEPEX consideró que tendrán una repercusión especialmente negativa tres proyectos de Reales Decretos: el de uso sostenible de productos fitosanitarios; el de suelos agrarios y, en tercer lugar, el que “establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital agrícola”, conocido como Real Decreto SIEX.
El primero modificará el Real Decreto actual, el 1311/2012, y establece mayores exigencias para los productores como la obligatoriedad de notificar electrónicamente a la administración todos los tratamientos realizados de productos fitosanitarios por parcela y cultivo, en un plazo de un mes, estableciendo un indicador de uso individualizado para cada cultivo, y año.
El proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios redunda en las obligaciones del productor, estableciendo normas de fertilización, de planes de abonados para cada unidad de producción, … y obliga también a registrar todas las operaciones de aporte de nutrientes en el cuaderno de explotación agrícola digital en un plazo de un mes.
Y en cuanto al Real Decreto SIEX obliga a suministrar digitalmente los datos relativos a cultivos, variedad, destino de la producción,etcétera, así como los datos de tratamiento de fitosanitario y fertilizantes por unidad de cultivo, entre otros aspectos.
Para FEPEX, esta hiper-regulación de la actividad productiva y comercial tendrá un impacto negativo sobre la competitividad del sector de frutas y hortalizas, en un contexto marcado por la inflación de costes y en el que la competencia exterior crece y la exportación baja. Hasta septiembre de este año la exportación de frutas y hortalizas frescas ha descendido un 8% respecto al mismo periodo de 2021, totalizando 8,8 millones de toneladas y la importación subió un 7%, totalizando 2,7 millones de toneladas. Por ello, se requiere una revisión de estas normas y una moratoria en su aplicación, así como una revisión global de la política fitosanitaria que tenga en cuenta también los futuros cambios derivados de la normativa comunitaria relacionada con la Estrategia de la Granja a la Mesa.