La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la Ley de Contratos del Sector Público no es aplicable a las comunidades de regantes y remitirá al Gobierno y los grupos parlamentarios un informe jurídico que lo refleja, según ha avanzado en un comunicado.
La federación ha señalado que dicho informe concluye que las comunidades de regantes, a pesar de ser corporaciones de derecho público, no cumplen los requisitos para convertirse en poder adjudicador y, por tanto, no tienen que contratar siguiendo las condiciones de la citada norma.
Su presidente aboga por aprobar un procedimiento de contratación propio que garantice cumplir con los principios de concurrencia
Fenacore lo argumenta a partir del hecho de que las comunidades de regantes -a diferencia de otras corporaciones de derecho público- no se financian con fondos públicos sino con derramas de sus comuneros y el control y gestión del agua se hace en régimen de autonomía interna, no por los poderes públicos, que tampoco nombran sus órganos de gobierno.
Desde la entidad han recordado que estas corporaciones tienen un régimen especial de autoadministración, por lo que son los propios comuneros los que eligen a los directivos.
No obstante, el estudio del Cuerpo Jurídico Asesor de Fenacore reconoce que existen excepciones en las que las comunidades de regantes sí deberán someterse a esta Ley de Contratos del Sector Público y tienen que ver con los contratos de obras y de servicios que sean subvencionados de forma directa y en más de un 50% del importe por entidades públicas.
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, «sería recomendable que las Comunidades de Regantes aprobáramos un procedimiento de contratación propio que no sólo garantice cumplir con los principios de concurrencia, transparencia.., sino también agilidad y poca carga burocrática».
Fenacore agrupa a más de 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, más del 80% del regadío nacional.