La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha mostrado su «preocupación» por el requerimiento enviado por la Junta de Extremadura a las sociedades locales de caza en relación a los requisitos que deben cumplir sus socios, lo que ha provocado una «gran incertidumbre» e «inseguridad» en el sector.

En una nota, la federación autonómica considera «muy preocupante» este requerimiento trasladado a las más de 300 sociedades locales de caza de la comunidad autónoma y que pone de relieve, a su juicio, que «no reconocen la realidad del mundo rural».

Una situación sobre la cual Fedexcaza «ya había advertido de que ocasionaría numerosos problemas y situaciones de difícil solución».

En medio de la polémica, la exigencia de que se cumpla la norma de que solo el 20% de los socios puede no residir en el municipio

La legislación que regula las sociedades de caza establece que únicamente pueden ser socios los naturales del municipio, los residentes en el mismo o los propietarios de terrenos integrados en el coto social, y permite la existencia como máximo de un 20 por ciento de socios que no cumplan estos requisitos.

Hasta la fecha han sido las propias sociedades quienes han velado por el cumplimiento de estos, que persiguen preservar el vínculo de los socios hacia el pueblo, sin que hayan surgido incidencias significativas.

«Sin embargo, la Junta ha modificado recientemente su criterio y ha reclamado los datos de todos sus asociados a las sociedades locales de caza, con la advertencia de que se deberán dar de baja a todos los socios que no cumplan estas condiciones tal y como están establecidas», se ha explicado.

El problema es que este nuevo criterio «no reconoce la realidad del mundo rural, con muchas personas que, aún habiendo nacido en Extremadura, se han marchado de sus pueblos por razones laborales o personales, aunque regresan siempre que tienen ocasión, o con mucha población cuyo lugar de nacimiento es aquel donde se ubica un hospital y no de donde es natural».

Para Fedexcaza, esta situación puede suponer una «ruptura radical» del vínculo afectivo de muchos extremeños con sus lugares de origen y pone en «grave riesgo» la viabilidad de las sociedades locales de todos los municipios donde no haya un hospital.

A todo ello se suma la «inseguridad jurídica» que representa a estas entidades sin ánimo de lucro la gestión de estos miles de datos personales, y la duda de quién va a ser el responsable de custodiar y analizar esas informaciones para posteriormente revisar las miles de incidencias que «a buen seguro» se generarán.

(Foto principal: Fedexcaza)

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