Para la Federación, este día internacional "es el momento ideal para reflexionar sobre los avances logrados, y pasar revista a los retos pendientes, tristemente este año tenemos que hacer balance también del retroceso de derechos que vivimos en España y que están afectando especialmente a las mujeres y a la ciudadanía rural.
Debemos recordar que el 90% de los municipios de España están en el medio rural y en él residen el 20,23% de la población femenina y el 21,57% de la población masculina de nuestro Estado. Estamos asistiendo a un retroceso de los avances conseguidos en las últimas décadas, los recortes producidos en servicios públicos tienen efectos directos en el aumento del trabajo de cuidados, que recae de nuevo en las mujeres, el aumento del desempleo también se ceba principalmente en las mujeres, la imposición de la segregación educativa, la supresión de la educación en igualdad, del derecho a decidir libremente la maternidad…. Todos retrocesos en las conquistas y derechos alcanzados, y todos retrocesos para los avances logrados en el medio rural".
En su nota resakta que "de nuevo, los criterios económicos se imponen a los criterios de igualdad y de accesibilidad de la población a los servicios públicos. Al cierre de las escuelas rurales se suman la disminución de becas de transporte escolar o el cierre de las rutas escolares rurales y el copago en los comedores escolares. Hay que recordar la dispersión geográfica de muchos pueblos para los que el transporte y el comedor son servicios vitales para la asistencia a la escuela rural. A esta situación, se añade la aprobación del decreto de becas. Aparte de los requisitos de ingresos máximos familiares, el decreto exige una nota mínima de 5,5 en la selectividad -excluida la fase específica- para la exención de tasas de matrícula y de 6,5 para las becas de traslado de residencia y de nivel de renta en el caso de los alumnos universitarios".
Violencia machista, sanidad, copago,….
En cuanto a la violencia machista, estos recortes "afectan especialmente a las campañas de prevención y sensibilización, tan necesarias para visibilizar el problema, y para que las mujeres confíen en el sistema, así como supone el cierre de muchos centros de atención a las víctimas, casas de acogida y puntos de encuentros familiares, vitales en el medio rural donde los recursos son escasos o nulos".
También, como resultado de la reforma financiera, en nuestro país han cerrado 7.000 sucursales bancarias. El cierre de las oficinas bancarias ha provocado que 133 municipios no cuentan con ninguna oficina de entidad de depósito, por lo que se pueden considerar auténticos “desiertos bancarios”. El estar privado de acceso a ciertos servicios bancarios tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana, especialmente de las mujeres, "contribuyendo a desarrollar la pobreza y la exclusión social de estos municipios".
Los servicios farmacéuticos no corren mejor suerte. Hasta ahora, nos encontramos que las pequeñas farmacias rurales permitían que el 99% de la población dispusiese de una farmacia en su lugar de residencia y, "de esa forma, el modelo español esté considerado como uno de los mejores del mundo. Ahora bien, este sistema con las políticas de recorte en servicios sanitarios o la instalación del copago farmacéutico lo pone en peligro".
Respecto al copago para el transporte sanitario no urgente, "éste castiga a las zonas rurales a pagar un servicio para el que no tienen alternativa. Recordemos que el transporte sanitario es una prestación básica y, en las zonas rurales, mayoritariamente despobladas, con una población envejecida y sin rutas de transporte público de viajeros, la existencia de una ambulancia en su comarca o localidad es un pilar básico de su asentamiento, y una prestación básica de la Sanidad, como recoge la Cartera de Servicios Comunes del SNS en 2006".
Reforma de la Administración
También habla de la Reforma de la Administración local, y recuerda que el primer párrafo de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local deja claro que su objetivo fundamental es la estabilidad presupuestaria y no el afrontar los problemas de los municipios. Así, se enfoca como objetivo el evitar duplicidades en la aportación de servicios a la población, pero no la adecuación de éstos al bienestar de la ciudadanía.
De acuerdo con el estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las consecuencias de la Reforma" pueden suponer un recorte de 1.800 millones de euros anuales en servicios sociales de las entidades locales, que pueden afectar a más de dos millones y medio de usuarias y usuarios y poner en riesgo unos 70.000 empleos en el plazo de un año. La mayoría de mujeres".
Para la presidenta de Fademur Teresa López “con esta Ley están en riesgo de desaparición o privatización de los servicios de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, viviendas tuteladas, centros de día, centros de convivencia y comedores de personas mayores; centros y servicios de promoción de la mujer, centros infantiles, servicios de atención y acogida a inmigrantes, centros de atención a personas con discapacidad, etc".
Por último, quiere recordar que la Ley "también incorpora la posible extinción de municipios con población inferior a 5.000 habitantes (artículo 61 bis) por motivos no de racionalización de servicios o estructuras territoriales, sino de incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria o financiera. Esto supondría dejar marginados a alrededor de 700.000 personas que viven en el medio rural”.
Por otro lado, la economía de los municipios rurales depende en gran medida del desarrollo del sector agrario y de las oportunidades de empleo que sepamos encontrar para las mujeres que lo habitan. Por eso ·desde Fademur exigimos en este Día a todas las Administraciones que pongan en marcha incentivos para que las mujeres accedan a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y se realicen campañas informativas para que agricultoras y ganaderas conozcan sus derechos y los beneficios de acceder a una ley que por primera vez reconoce el trabajo de las mujeres rurales y les otorga el 50% de los derechos de la explotación familiar".