Ramos no ha revelado si, al igual que su jefe Arias Cañete, se ducha con agua fría para ahorrar agua, pero ha asegurado que es "extremadamente cuidadoso" en el consumo de este recurso, y que en su gestión del mismo no ganarán ni Cospedal ni Fabra, "ganaremos todos".
¿Qué modificaciones quieren introducir en el Real Decreto sobre especies invasoras aprobó el Ejecutivo socialista?
Ese Real Decreto se aprobó sin el acuerdo necesario de las Comunidades Autónomas que son las que tienen las competencias de control y vigilancia. Se hizo una norma sin tener en cuenta a quien la tiene que aplicar y con criterios más que dudosos. Se inventaron una figura que no existía en la Ley que era el Listado de especies, ya lo que existía era el catálogo de especies. Nosotros hemos reforzado ese catálogo, incluyendo 40 especies nuevas, y hemos apartado el listado.
Una buena norma pondrá fin a prácticas que no son deseables, y acota las especies que realmente son especies invasoras. Por ejemplo, pretender ahora, 150 años después de su introducción en los ríos españoles, que la trucha arco iris es una especie exótica y que de la noche al día la vamos a excluir de los ríos españoles se nos antoja improcedente. Entre otras cosas porque se estima que hay casi 100 piscifactorías que se dedican a la cría de esta trucha, es decir, hay gente que vive de esto y que ha invertido.
¿Es cierto que van permitir la comercialización de casi 200 especies incluidas en el Listado como invasoras?
Ese listado era una extralimitación legal improcedente y no debió incluirse nunca. Con la ley vigente de Patrimonio Natural de 2007 ese listado no tiene apoyo legal ninguno. Hay que ser más serio y no incurrir en inseguridades jurídicas.
En el anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental crean una nueva figura llamada "Bancos de Conservación de la Naturaleza". ¿Permitirán construir infraestructuras en espacios naturales singulares a cambio de reponerlos en otro lugar?
Para nada, es sorprendente que lo que es un avance en materia medioambiental, copiando las prácticas más avanzadas que hay en otros países, alarme a los conservacionistas. Esta práctica tiene por objeto movilizar recursos en favor del medio ambiente, en concreto recursos privados. Se trata de que los que estén interesados ya en hacer cosas en favor de la naturaleza dispongan de una herramienta para llevarlas a cabo.
En el anteproyecto recogen la posibilidad de que una declaración de impacto ambiental sea modificable cuando sea imposible su cumplimiento. ¿No cree que desacreditan a los técnicos de la administración, afirmando que es imposible cumplir las medidas que han propuesto?
No, porque si ese técnico tiene un listado de medidas compensatorias reales a las que acudir o una oferta de proyectos, dirá: su proyecto requiere una compensación determinada y tiene la posibilidad de cumplirla de esta forma, y de cumplirla mañana, sin tener que esperar cinco años.
La Junta de Andalucía les ha pasado la patata caliente de decidir si debe haber un almacén de gas en Doñana. ¿Cuál va a ser su respuesta?
Nos ha sorprendido la carta que hemos recibido de la Junta en tanto que en la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental se sometió a evaluación pública ese proyecto, y el Gobierno andaluz pudo alegar. Sólo ahora, cuando hemos concluido ese proceso, nos dicen que no se ha tramitado en su conjunto, cosa que no es cierto. Esto se tiene que acabar. No se pueden utilizar las evaluaciones ambientales con otro objetivo que no sea el medio ambiente.
Entonces, ¿Va a haber almacén de gas en Doñana?
La Evaluación de Impacto Ambiental que hizo este ministerio, en el punto en el que la cogimos, que era al final, está perfectamente hecha. No se puede estar jugando con empresarios, inversiones y puestos de trabajo por razones aparentemente medioambientales. Hay que respetar el medio ambiente pero también que respetar a una empresa -Gas Natural- que ha hecho un trabajo serio y que lleva años esperando una respuesta.
Ese proyecto cumple con la normativa vigente, en modo alguno afecta al Parque Nacional de Doñana que para nosotros es lo prioritario, y es un ejemplo de cómo compatibilizar la riqueza con la inversión. Por cierto, la Administración socialista también lo había tramitado así y el Patronato de Doñana informó favorablemente.
Da la impresión de que en este tema hay pelea política entre administraciones de distinto signo…
Entiendo que no, y si la hubiera la empresa no debería sufrir sus consecuencias. La evaluación ambiental debe dejar de ser un tema para el ejercicio puro de la política para asentarse en una base técnica y de conocimiento mucho más seria.
La UE ha dado un ultimátum a España por algunos vertederos que no están cerrado o adaptados, ¿Cómo está el tema y con qué dificultades se enfrenta el Gobierno para cumplir la normativa europea?
Hay dos procedimientos abiertos en esta materia. Uno por vertederos que deberían ser clausurados y otro por vertederos que sin ser clausurados deberían adoptar una serie de medidas para su mejora. La realidad es que en el ámbito de los residuos hemos hecho mucho en España en los últimos años, pero seguimos teniendo pendiente mejoras. Hay que avanzar hacia la idea de que el vertido no es un residuo sino la materia prima de un nuevo producto, que puede ser el residuo transformado o la generación de energía.
Los vertederos que no cumplen con la normativa habrá que clausurarlos. El número exacto no lo sé, deben ser aproximadamente unos veinte que hay que cerrar. Los otros se adaptarán y a futuro hay que avanzar en más clasificación y mejora en la recuperación, y, en último caso, hacia la generación de energía a partir del residuo.
¿Cuáles son las provincias con más problemas en este sentido?
Está salpicado, no es homogéneo. Y hay ejemplos muy buenos de ciudades que hacen cosas fantásticas en este sentido, como es el caso de Vitoria, en el País Vasco.
En Europa, ¿Tenemos mejor imagen ambiental que económica?
Damos la imagen de un país con un altísimo número de protecciones ambientales, con una costa rica, con una gran biodiversidad, como un país que merece la pena visitar por sus atractivos naturales. Ahora bien, tenemos algunos ámbitos como la gestión de residuos, en el que hay países en el Norte de Europa que lo hacen mejor que nosotros y donde tendríamos que hacer esfuerzos.
La imagen medioambiental de España es buena pero hay determinados ámbitos donde hay incumplimientos, como residuos o depuración, y otros en los que vamos por delante.
Si la decisión de corregir temporalmente el exceso de derechos de emisión de CO2 llega al Consejo de Ministros de la UE, ¿Cuál será a postura de España en este tema en el que hay disensiones entre Industria y Medio Ambiente?
El mecanismo ETS -Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea- es, en mi opinión, interesante y moderno, no meramente regulador e impositivo sino incentivador. La crisis ha generado una caída del precio de los derechos por el superávit de derechos en ese mercado. Esa caída de precios no es una buena señal para la reducción de emisiones. A mi departamento le preocupa el futuro de este mercado porque creemos que es una buena medida, mejor que poner sanciones a los incumplidores.
¿Están por la labor de salvar el mercado de derechos de emisión?
Nos interesa que se mantenga, y que se haga un enorme esfuerzo para llegar a la Cumbre de Cambio Climático de París, en 2015, con una postura común de la UE y con el intento de lograr un gran acuerdo mundial en materia de cambio climático. El segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto, que se ha prorrogado hasta 2020, es el único instrumento a nivel mundial para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el sólo estamos países que representamos el 15 % de las emisiones. Si el otro 85% no se suma a la lucha contra las emisiones va a ser complicado continuar de forma aislada en esta batalla.
En la Unión Europea lo que buscamos es aliados, para que los grandes emisores se sumen a un acuerdo global de reducción de emisiones. En ese marco, el ETS tendrá todo su sentido.
¿Cómo va el plan de cuenca del Tajo, que usted mismo calificó recientemente del más problemático? ¿Y qué le parece el anuncio de las plataformas del Tajo de que denunciarán el memorándum a favor del trasvase en Bruselas?
Hay que superar viejas batallas del agua, no tienen ningún sentido. Un ejemplo de ellas es el Plan del Tajo. Hemos sacado a información pública un plan equilibrado para poner de acuerdo a los interesados. Esa plataforma tiene seis meses para hacer alegaciones que estudiaremos y que, si proceden, se incorporarán al plan. Antes de sacar más titulares sobre este tema y generar alarma, trabajemos en serio con las alegaciones.
Dejemos de soliviantar y enfadar a la gente, y busquemos soluciones en lugar de alarmar. Hay grupos que no están en la gestión del agua y utilizan este tema para generar polémica.
En este tema, ¿Gana la presidenta de Castilla La Mancha, Cospedal, frente al de la Comunidad Valenciana, Fabra?
En el Plan del Tajo ganamos todos porque nos jugamos cumplir con la normativa y porque tenemos un instrumento interesante para la gestión. Nos da una fotografía de la cuenca que nos sirve de base para decidir si dar concesiones o no, o para conservar los acuíferos. Quien no vea esto, no es consciente de lo que nos jugamos.
El Tajo pasa por dos países europeos: España y Portugal y somos capaces de coordinarnos con Portugal sin problema. Aprendamos de que además de llevarnos bien con nuestros vecinos europeos hay que llevarnos bien entre nosotros.
España tiene fama de tener mucha legislación ambiental pero de no cumplirla. Su departamento va a engrosar aún más esa legislación. ¿Harán algo también para que se cumpla?
Todo. La legislación ambiental es muy reciente y novedosa, de los años 90 para acá. Ha crecido mucho y no siempre bien y con técnica. Hay un gran galimatías y descoordinación que no ayuda a quien quiere hacer bien las cosas, y saber cómo hacerlas. Lo que tenemos claro es que antes de prohibir o sancionar, hay que orientar. Presuponemos la buena fé de quien quiere hacer bien las cosas.
Yo no miro al ciudadano o al promotor como a alguien que quiere dañar el medio ambiente, sino como el que viene a preguntar cómo hay que hacer las cosas. Si lo orientamos bien lo convertimos en aliado. Nuestro objetivo con esta reforma legislativa es clarificar al máximo, porque la política ambiental a quien tiene que tener en cuenta, sobre todo, es al ciudadano.
Les acusan de hacer esta reforma al servicio de determinados sectores económicos. ¿Cree que es posible facilitar el trabajo a los empresarios sin dañar el medio ambiente?
Absolutamente convencido. En otros ámbitos puede no estar claro hacia donde avanzar, pero en medio ambiente el futuro está muy dibujado: las actividades tienen que ser más eficientes, menos impactantes, y emitir lo menos posible. Y ahí caben desarrollo económico y oportunidades de empleo. Nuestras mejoras no benefician a un sector en concreto, benefician a todos con el objetivo de orientarlos hacia un desarrollo sostenible.
¿Por qué tanta prisa en cambiar tantas leyes tan recientes?
Cuanto antes digamos lo que es sostenible antes ayudaremos al desarrollo. Había mucho que avanzar en legislación ambiental porque se dictó una legislación en la pasada Legislatura que olvidó las necesidades de generación de empleo y olvidó a las personas. Hay que orientar a las personas que quieren hacer actividades en su entorno, para que sean aliados ambientales, en lugar de presuponer que quien quiere hacer algo en el medio ambiente es un infractor de partida.
¿Qué más temas tiene Medio Ambiente en cartera?
Hay que seguir dando respuesta a la descoordinación de las protecciones medioambientales que existen en nuestro país y deberíamos avanzar de forma decidida en el tema del agua. Vamos a seguir dándole vueltas a qué ámbitos merece la pena tocar en la Ley de Aguas. Necesitamos la colaboración privada en las inversiones, y queremos dar un marco estable para atraer esas inversiones que son necesarias.