La Junta de Extremadura está trabajando con el Ministerio de Agricultura para que los agricultores extremeños que no han aceptado vender su producción de tomate por debajo del coste de producción no pierdan los 3 millones de ayuda asociada por no haber firmado los correspondientes contratos.
Así lo han indicado tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas de Unidas por Extremadura (UPE) y PSOE.
Morán, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Eduardo Bejar, ha informado de que el 85 por ciento de la superficie está contratada a precios de entre 145 y 150 euros por tonelada, y que solo no han firmado contratos los productores a los que se les ha ofrecido un precio de 130 euros -por debajo de los 145 fijados como coste de producción- que representan el 14% de la superficie.
Sin embargo, el diputado socialista le ha instado a asumir y su responsabilidad y a no poner la «excusa» de que es un problema que debe resolver el Ministerio.
Para Béjar, la Junta de Extremadura tenía que haber salido a defender el sector y haber denunciado, llegado el caso, ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que se sancionase a las empresas que están pagando por debajo del coste de producción.
«Usted no ha hecho nada», ha espetado el diputado a la consejera, quien le ha respondido que el deber de la Junta es velar por el cumplimiento de la ley y que los contratos estén ajustados a ella.
Se necesita además, ha añadido Morán, que el Ministerio cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, algo que a su juicio «no está haciendo al no haber establecido los criterios para que las comunidades autónomas tengan costes de producción oficiales».
En este mismo sentido se había expresado la presidenta de la Junta, en respuesta a la portavoz de UPE, Irene de Miguel, que le había acusado de haber perdido «una oportunidad de oro» de ponerse del lado de los agricultores en lugar de ser «equidistantes», que, a su juicio, «es lo mismo que ponerse de parte de las grandes empresas».
A su juicio, esta no es «una pelea entre iguales», sino entre familias de agricultores y grandes empresas «regadas de dinero publico, que explotan a trabajadores» y «que se van a Marruecos a producir en condiciones penosas y haciendo competencia desleal».
«Esta campaña los consumidores no encontrarán salsa de tomate, sino sangre de agricultor y ustedes tienen mucha responsabilidad», ah aseverado De Miguel.
Sin embargo, María Guardiola ha insistido en que su ejecutivo hará todo los posibles dentro de sus competencias y que su compromiso con el campo extremeño «está por encima de modas y oportunismo político» que hay en la Asamblea.
Tras recordar las medidas llevadas a cabo desde que accedió a la Junta y su búsqueda de soluciones para que estos agricultores no pierdan los 3 millones de ayuda asociada, le ha pedido que mire al ministro de Agricultura, Luis Planas, «que es el que ha puesto parches que no sirven a los agricultores».