También para el catedrático de Hacienda de la Universidad de Santiago de Compostela Luis Caramés "es el peor momento" para que España pase a ser contribuyente neto de la UE, ya que además "la situación económica del país y su extrema fragilidad financiera le otorgan poca capacidad de negociación".
"Sin duda un escenario negativo o muy negativo en las negociaciones de Bruselas acabará por repercutir en ajustes más rigurosos en el gasto interior español", a juicio de Caramés, para quien además "si se rebaja un 30 % la ayuda regional y un 17 % lo dedicado a agricultura, se va a pasar muy mal".
Por eso es fundamental que España juegue bien sus alianzas de cara a las próximas negociaciones.
Al respecto, el profesor de ESADE Robert Tornabell cree que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, "se está empleando a fondo para defender los intereses de España y, haciendo equipo con François Hollande, puede recuperar algo para la agricultura, pues Francia es el país que más fondos recibe para el campo, y luego, a distancia, España".
A su juicio, "España debería plantear una Unión con dos ejes: Evitar que el Reino Unido abandone la UE y darle protagonismo en lo que ha sido su papel tradicional, defensa exterior y asuntos exteriores. Alemania se quedaría con fiscalidad, sistema bancario y lo financiero".
En lo táctico, recomienda "defender con el apoyo de Francia las explotaciones agrarias y las regiones que más lo necesitan", toda vez que Extremadura será la única región que seguirá percibiendo fondos de convergencia en el próximo periodo, mientras que Andalucía y Castilla-La Mancha y Galicia dejarán de hacerlo.
La clave en este escenario, según el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio Guerrero, es que España haga hincapié en que aumenten las partidas presupuestarias dedicadas a Competitividad y Empleo (en la actualidad el 16 %) y Cooperación territorial europea (el 2,5 %).
Sería un modo de compensar el haber quedado fuera ya prácticamente de los fondos de convergencia, que junto a la Política Agraria Común se llevaba "la parte del león" (85 %) en los presupuestos que están a punto de caducar (2007-2014).
A su entender para mantener el nivel de cobertura actual, las CCAA deberán aumentar la presión fiscal sobre sus ciudadanos o recibir inyecciones adicionales del Estado central.
No es esta la opinión del economista del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE) Pablo Almagro.
Desde su punto de vista, el recorte que prepara la UE para su propio presupuesto plurianual -80.000 millones según la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy- no tendría porqué repercutir en los presupuestos españoles si se dejan de realizar los gastos que hasta ahora se financiaban con los fondos europeos, si bien admite que los ciudadanos serán los perjudicados.
Para Almagro, el Gobierno español debería defender ante sus colegas comunitarios que ya está efectuando muchos recortes exigidos por las políticas de austeridad.
"Todo vuelve al mismo sitio: cada país es responsable de recaudar y administrar de forma eficiente. Llorar está muy bien, pero los recursos son los que son, la solidaridad funciona en periodos de bonanza, y nada de esto es una sorpresa. Desde 1987 España sabía que debía negociar los presupuestos de 2014", concluye Díez Giménez, de IESE.
Los jefes de Estado o Gobierno de la UE han finalizado hoy sin acuerdo la cumbre dedicada al marco presupuestario plurianual para 2014-2020, con lo que retomarán las negociaciones -previsiblemente- a principios de 2013.