Por ello, el grupo de expertos recomienda trabajar en una "alternativa" al régimen vigente, basada en un sistema de "autorizaciones" que permita regular las plantaciones de viñedo, aplicable a todos los países productores y a todas las clases de vino.
"Ese sistema debería basarse en la gestión de autorizaciones, que se concederían de manera gratuita a petición de los solicitantes, que no serían transferibles y que expirarían a los tres años en caso de no ser utilizadas", añaden las conclusiones del informe.
También aboga por un mecanismo de salvaguarda a nivel europeo para garantizar un crecimiento ordenado de las plantaciones.
El modelo planteado dejaría en manos de las autoridades públicas nacionales la distribución de las autorizaciones dentro del territorio de cada país.
"El nuevo sistema debería aplicarse desde finales del actual régimen, durante 6 años, con la posibilidad de una revisión", concluye el informe.
La UE tenía previsto proceder a la liberalización del viñedo a partir de 2015, un objetivo asumido por los Estados miembros en 2008 con la reforma del sector del vino.
La presión ejercida por los países productores de la UE, especialmente por España, Francia, Grecia y Alemania, ha llevado a replantear la situación y estudiar la posibilidad de un régimen diferente al inicialmente planteado.
Esos cuatro países, junto con Austria, Hungría, Italia, Portugal, Eslovenia, la República Checa y Bulgaria, propusieron el mantenimiento de "un marco de plantaciones", dotado de flexibilidad para permitir un aumento limitado de la producción y responder a las oportunidades del mercado.
Los mayores productores argumentaban que una expansión de la superficie de viña provocaría una devaluación de los productos de calidad o con denominación de origen y una industrialización excesiva de la viticultura europea.
El grupo de alto nivel se creó en 2012 y celebró cuatro reuniones a lo largo de ese año.