La Alianza UPA-COAG se muestra radicalmente en contra del cierre de consultorios médicos en los pueblos de Castilla y León, y emprenderán cuantas medidas reivindicativas estén a su alcance para «rechazar el desmantelamiento de la sanidad pública que administraciones y determinados colectivos quieren poner en marcha en los municipios de nuestra comunidad autónoma».
Como señala en una nota de prensa, «como organización agraria con principios básicos como el del modelo social agrario y rural, además de sentirnos y ser “Gente de la Tierra”, demostrándolo a diario al ser parte integrante de plataformas en defensa de la sanidad pública, la Alianza UPA-COAG no parará en su objetivo de denuncia y de reclamación de soluciones hasta que se dé una respuesta eficiente que mejore la atención primaria en los pueblos».
En este sentido, denuncian que «la desprotección que sufren los ciudadanos de pequeños y medianos municipios en nuestra región con consultorios obsoletos y con medios técnicos y humanos que dejan mucho que desear, por insuficientes, es lamentable y la Alianza UPA-COAG no va a aceptarlo. Exigimos unos servicios que deberían ser modélicos, y para ello es necesario dotar de suficientes recursos presupuestarios a la sanidad rural y por lo atender responder a las necesidades actuales».
Para la organización, menos profesionales de la sanidad y condiciones más precarias de los mismos, unido a insuficientes visitas en determinados municipios o pérdida de calidad en la atención primaria con el cierre de los consultorios médicos, además de largas listas de espera quirúrgicas o saturación de enfermos en instalaciones que se han quedado anticuadas, son solo algunos de los problemas que se hacen cada vez más evidentes en esta comunidad autónoma.
«EN NINGÚN CASO DEBERÍAN UTILIZARSE ARGUMENTOS MERAMENTE ECONOMICISTAS QUE CONDENEN LA CALIDAD DE VIDA EN LOS PUEBLOS”
Por ello, la Alianza UPA-COAG «atendiendo a su modelo social seguirá siendo especialmente reivindicativa a la hora de exigir servicios públicos acordes a los tiempos actuales, y por eso nos sumaremos a las reivindicaciones exigiendo a la Administración competente, en este caso la Junta de Castilla y León, políticas de servicios públicos».
Bajo su punto de vista en un tema de tanto calado social como es el de la sanidad, «en ningún caso deberían utilizarse argumentos meramente economicistas que condenen la calidad de vida en los pueblos. En este sentido, el presupuesto público destinado a temas sanitarios y asistenciales debe tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales y de equilibrio territorial».
Por todo esto, la organización agraria no va a consentir que los ciudadanos de los pueblos castellanos y leoneses «sean víctimas de políticas que poco a poco van introduciendo medidas a favor de la sanidad privada, desmantelando lo público con cada vez menos inversiones y por lo tanto con más carencias y peor calidad·.
En este sentido, recuerdan que la estructura poblacional de Castilla y León, con un envejecimiento creciente en todo su territorio, debe ser atendida para que cumpla con el principio de igualdad como derecho constitucional, «y todo lo que sea recortar el gasto social, mediante la reducción de las prestaciones supone poner en riesgo el Estado del Bienestar, y ahondar aún más en el problema del despoblamiento«.