En este entido, UPA-Coag considera que "no hay suficiente información y transparencia sobre las repercusiones que puede tener la mezcla de estos componentes químicos, por lo que ante el más mínimo riesgo que comporta para la población, el medio ambiente, y por lo tanto para actividades como la agricultura y ganadería no puede permitirse su uso".
Los agricultores y ganaderos de las zonas en las que se están tramitando las solicitudes de los permisos de investigación se encuentran, según La Alianza, "en una situación de indefensión debido a la falta de transparencia que rodea estas concesiones, y al oscurantismo y poca disposición de las administraciones para informar sobre los sondeos con profundidades de entre 3.000 y 5.000 metros que se realizan, y por la composición exacta de la mezcla de agua y sustancias químicas (ácidos, bioácidos, bactericidas, inhibidores de la corrosión, reductores de fricción, fluidificantes, etc.) que se inyecta en la roca para fracturarla y liberar el gas que teóricamente se encuentra atrapado".
La aplicación del principio de prudencia que parece imperar en otros países "de nuestro entorno es lo que desde UPA y Coag reclamamos a la Junta de Castilla y León y que, en consecuencia, rechace las autorizaciones a las empresas que pretendan utilizar esta peligrosa técnica en nuestra comunidad autónoma".
Desde la Alianza por la Unidad del Campo se ha denunciado este modo de extracción de gas que pone en peligro la calidad de los recursos naturales de la región y por este motivo "estamos participando activamente en los actos y el movimiento antifracking que se están produciendo en nuestra región. El último acto, en forma de manifestación y tractorada convocada por la Aianza, se produjo en Villarcayo (Burgos) el pasado mes de diciembre, donde hubo una participación masiva de la sociedad, que refleja la preocupación generalizada por esta técnica de extracción de gas".