Como destaca la organización en una nota, la crisis que afectó al sector limonero fue agonizante para el sector, lo que provocó un abandono de la superficie. Este hecho ha contraído la oferta. Así, en 2003 la producción alcanzó las 346.600 toneladas en la provincia de Alicante, mientras que ahora no se espera llegar ni a los 330.000 tn en toda la Comunidad, según el aforo oficial de la Conselleria de Agricultura.
Tal y como marca la ley del libre mercado, los precios, al contraerse la oferta, experimentaron una mejoría y ahora están alcanzando valores razonables. Así, por ejemplo, la industria está pagando el kilo de limones a 20 céntimos, lo que ayuda a estabilizar los precios del producto en fresco.
"Siempre vemos como la agroalimentación deja mucho dinero, pero no paramos de denunciar desde antaño que los beneficios siempre quedan en las mismas manos y que el productor, el que obtiene ese limón, tiene que poder percibir un precio que le permita continuar al frente de sus explotaciones o las consecuencias las pagan todos, incluidos los compradores”, explica el presidente de ASAJA Alicante –Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte.
En la actualidad, los limones alicantinos son muy requeridos en los mercados por su gran calidad y las cantidades son perfectamente asumibles. De hecho, el veto ruso ha provocado que Turquía destine sus limones a este mercado por lo que ha dejado de ser un fuerte competidor con nuestra zona.
Los "especuladores no paran de engañar"
“No paran de engañar, a los especuladores les gusta mucho atemorizar, pero el empresario agrícola debe ser perfectamente conocedor de la realidad, que es que los operadores necesitan sus limones y las cantidades son perfectamente asumibles. No deben bajar sus precios”, concreta el presidente Eladio Aniorte.
Así, la organización anima a la Conselleria y al Ministerio de Agricultura a que frene este tipo de actuaciones y continúen avanzando en medidas como la Ley de la Cadena Alimentaria para acabar con los abusos que se producen y que han sido reconocidos por el propio Parlamento Europeo y que suponen que las mismas manos acaparan los beneficios en detrimento de la rentabilidad que merece el productor.