El secretario general del sindicato Unións Agrarias (UU.AA), Roberto García, ha exigido este miércoles 12 una normativa legal que regule de forma expresa la actividad de los primeros compradores de leche, así como que sean las empresas a cuyas factorías llega esa materia prima las que se hagan cargo de posibles impagos a los productores.
García explicó que las deudas de esos primeros compradores con los ganaderos gallegos suman varios millones de euros, como consecuencia de la falta de regulación del papel que desempeñan en el sector dado que «son auténticos tratantes de leche» que no aportan nada en la cadena de valor.
el sindicato ya va directamente «por vía judicial contra las industrias», como responsables «subsidiarias» de los impagos
Desde su punto de vista, son «meros instrumentos» que utilizan las propias industrias «para abaratar el precio de la leche» y cuya presencia provoca que, en muchos casos, cuando los productores se cambian de empresa no cobren la liquidación correspondiente por la materia prima entregada.
De hecho, en el caso de los ganaderos que están afiliados a Unións Agrarias, precisó Roberto García, el sindicato va directamente «por vía judicial contra las industrias», como responsables «subsidiarias» de los impagos.
Más difícil lo tienen aquellos ganaderos que tienen que hacer frente de forma particular a esos impagosde los primeros compradores, dado que en muchos casos, al tratarse de «cantidades pequeñas» y ante la perspectiva de meterse en un proceso judicial que puede prolongarse durante «seis años», optan por no reclamar.
Es más, el propio Roberto García reconoció que, en muchos de esos casos, probablemente los gastos por el proceso judicial superen a la cantidad adeudada.
Por otra parte, el portavoz sindical hizo un llamamiento a la Xunta de Galicia para que haga efectivo de forma inmediata el pago de las cantidades que les adeuda a los agricultores y ganaderos gallegos «por la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, planes de mejora, ayudas a la producción ecológica y ayudas agroambientales en zonas desfavorecidas».
Según el portavoz sindical, esa deuda llega a los 90 millones de euros por ayudas que, en muchos casos, han sido certificadas ya en octubre del pasado año.
Además, García recordó a todos aquellos jóvenes que recibieron en 2014 ayudas públicas por su incorporación a la actividad agraria, que tienen de plazo hasta el día 30 de junio para formalizar «una reclamación por pagos indebidos ante Hacienda» para recuperar parte de la cantidad que les fue retirada en concepto de impuestos por esos ingresos.
(Fotos: Archivo)