Más de doscientos agricultores y ganaderos de Cúllar, Baza y Caniles se han visto perjudicados por la empresa G’s España, dedicada al cultivo de hortalizas, al eliminar o mermar con su sistema antigranizo de cañones ultrasónicos instalado para su propia protección la posibilidad de lluvias en la zona cada vez que estas son anunciadas y no poder sacar adelante sus cultivos de cereales, almendra y pistachos, afectando también esta actuación a la disponibilidad de pastos y agua para el ganado, según denuncia ASAJA Granada.
Estos agricultores y ganaderos vienen denunciando los perjuicios que les causan los cañones ultrasónicos instalados por parte de la empresa G’s España ubicada en la Venta del Peral (T.M. Cúllar). Reconocen que no existe ciertamente en España una regulación específica que prohíba o autorice el uso de cañones ultrasónicos antigranizo, pero consideran que sí hay ciertas normativas y regulaciones medioambientales que pueden aplicarse de manera indirecta para su control.
En este sentido, recuerdan que, sin entrar en más pormenores, la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, que es de lo que se trata, en realidad, está recogida en el artículo 3 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y, asimismo, en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D. 1/2001, de 20 de julio) únicamente bajo la autorización de la Administración del Estado o por aquellos a quien esta autorice y a propuesta del Organismo de Cuenca que, en este caso, sería la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a quien ASAJA Granada se ha dirigido por escrito para que clarifique si la empresa G’s puede o no utilizar los cañones ultrasónicos para sus propósitos.
Desde ASAJA Granada creen, de todas formas, que dada la posibilidad legal de autorización de medios para la intervención en el régimen de lluvias no deberían implementarse sin el oportuno estudio de los efectos potenciales sobre los recursos hídricos, el medio ambiente y la biodiversidad local, «pues es crucial que la Administración vele siempre por el bien común y no venga a favorecer el interés particular de una empresa a expensas de toda una comunidad agrícola que, además, se encuentra en una situación crítica de sequía«.