El objetivo es paliar las dificultades que tienen los jóvenes que pretenden iniciar una actividad económica relacionada con el sector agrario, tales como el acceso a la tierra o las altas inversiones a realizar.
La Ley de Política Agraria y Alimentaria establece que las actuaciones de las administraciones vascas deben guiarse por el principio de acción positiva.
Así, esta iniciativa, coordinada con las tres diputaciones, presenta varias novedades. Contempla el "relevo abierto", por el cual la persona joven hará actividades propias de la explotación agraria guiada por el titular cesante.
También es nuevo el Servicio de Intermediación de Infraestructuras y equipamientos, que facilitará el acceso a maquinaria o almacenes.
Otras medidas contempladas en este estatuto van dirigidas a agilizar el acceso a la tierra. Además, fomenta acciones dirigidas específicamente a ayudar en las inversiones.
También recoge el compromiso de las administraciones agrarias vascas de establecer, en favor de las personas jóvenes, las cuantías y porcentajes de ayuda máximos que se contemplen en la legislación comunitaria o la bonificación en las contribuciones financieras y otros seguros de cosecha.
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