Los agricultores de la Unión Europea (UE) afectados por la crisis del COVID-19 podrán beneficiarse de préstamos o garantías de hasta 200.000 euros en condiciones favorables, como tasas de interés «muy bajas» o calendarios de devolución favorables, informó este jueves la Comisión Europea (CE).

Bruselas anunció que el fondo europeo de agricultura y desarrollo rural (EAFRD) cubrirá esos prestamos, y que servirá también para invertir en instalaciones médicas e infraestructuras en áreas rurales, como por ejemplo las dedicadas a realizar test de coronavirus o a tratamientos.

Dando más flexibilidad a estos instrumentos financieros, no será necesario que su uso esté ligado a inversiones sino que podrán ayudar a los agricultores a tener liquidez para financiar costes o compensar pérdidas temporales.

La CE formalizó su propuesta de extender un mes (hasta el 15 de junio) la solicitud de pagos de la Política Agrícola Común (PAC) y aumentar el avance de pagos directos y de desarrollo rural.

La tasa de pagos adelantados irá del 50 % al 70 % para los directos y del 75 % al 85 % para los de desarrollo rural, y los agricultores podrán empezar a recibir estos adelantos desde el próximo 16 de octubre.

Por otra parte, Bruselas propuso apoyar al sector pesquero, incluida la acuicultura, en caso de cese de actividad por el coronavirus, así como a las organizaciones y asociaciones de productores para que puedan almacenar productos, unas medidas que tendrán retroactividad a partir del 1 de febrero y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.

Bruselas ya había puesto en marcha una Iniciativa de Inversión frente al coronavirus por la que los países podrán utilizar 8.000 millones de euros en fondos de cohesión que no han usado hasta el momento para la pandemia, lo que permitirá movilizar fondos comunitarios adicionales hasta movilizar 37.000 millones de euros.

La Comisión propone ahora que los países puedan utilizar este dinero para financiar proyectos al 100 %, es decir, sin tener que hacer la aportación nacional que se exige habitualmente para poder recibir fondos comunitarios.

Además podrán transferir ayudas entre fondos, regiones y objetivos con mucha mayor flexibilidad de la habitual para dirigirlos allí donde más se necesitan, al tiempo que se aligerarán los trámites administrativos.

Estos fondos estructurales deberán usarse para hacer frente a la pandemia, en concreto, en medidas de apoyo a los sistemas sanitarios, al empleo y a las empresas, en particular pymes.