EFE.- El informe, en el que han colaborado investigadores de universidades de Ciencias de la Vida (Noruega) y de la de Wageningen (Holanda), se planteaba como objetivo inicial medir el valor sociocultural y económico de los múltiples servicios al medioambiente ligados a la actividad tradicional del pastoreo.
Aunque el estudio se circunscribió inicialmente al territorio del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca), los datos finalmente obtenidos mediante encuestas se han extrapolado a la población aragonesa en general.
Para su desarrollo del estudio, destinado a cuantificar las funciones ambientales de los agro-ecosistemas mediterráneos de montaña, los investigadores se sirvieron de métodos de recogida y análisis de información basados tanto en la biología como en las ciencias sociales y económicas.
Así, mediante entrevistas y reuniones con ganaderos y ciudadanos ajenos a la actividad agraria, se identificaron las funciones sociales más valoradas ligadas a la actividad del pastoreo.
Los servicios ambientales más valorados fueron el valor estético y recreativo del paisaje agrario de montaña, el mantenimiento de la biodiversidad y la prevención de incendios forestales.
Aunque el estudio señala que hubo «alguna discrepancia» entre los ganaderos y el resto de los ciudadanos en función de sus respectivos intereses, en general predominó el acuerdo a la hora de valorar socioculturalmente los servicios vinculados a la ganadería de montaña.
Estos datos revelan que un 50 % de la población aragonesa estaría dispuesta a pagar por la labor de prevención de incendios forestales vinculada a la actividad ganadera, mientras que un 20 % optaría por la producción de alimentos de calidad, otro 20 % por la biodiversidad, y un 10 % por el cuidado del paisaje.
La investigación refleja que la población local de la zona objeto del estudio asignó, sin embargo, más importancia al paisaje (25 %) que la atención a la biodiversidad (10 %).
Con todos los datos recogidos, los investigadores calcularon el «valor económico total» de los agro-ecosistemas de montañas, que se cifró en 120 euros por persona y año, cuantía tres veces superior al conste anual de las medidas agroambientales de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
En sus conclusiones, los autores del estudio consideran necesario reorientar las políticas agroambientales hacia el pago por la provisión de bienes públicos.
Para ello, a su juicio, «hay que definir mejor los objetivos de las políticas, identificar y medir los indicadores ambientales más adecuados y, finalmente, establecer programas de seguimiento de los efectos conseguidos».
«De esta manera -añaden- el denominado ‘verdeo’ de la PAC permitiría responder a las demandas sociales por una agricultura más justa y sostenible, tanto para productores como consumidores y ciudadanos».
El trabajo ha sido financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el programa Marie Curie de la UE, y ha sido publicado recientemente en la revista Plosone, de la Public Library Science de Estados Unidos.