La Alianza UPA-COAG ha puesto en manos de su gabinete jurídico la posibilidad de emprender medidas legales ante las distintas administraciones para depurar responsabilidades por todos los daños que se están ocasionando desde el 1 de enero a los ganaderos de Castilla y León que están sufriendo trabas para destinar sus terneros al cebadero.
Paralelamente a esta posible actuación a nivel legal de la Alianza UPA-COAG, en los últimos días han iniciado las gestiones en Bruselas y en Madrid para que de inmediato se actúe eliminando desde Europa la obligación que existe de realizar pruebas de saneamiento en los movimientos de terneros cuando estos se vendan a cebadero cuyo único destino es el matadero.
«El perjuicio es tan grave que cuando una semana normal en un mercado tan importante como el de Salamanca estaban entrando miles de terneros, en la última semana los animales que han llegado apenas ha sido un centenar, lo que demuestra el perjuicio que están sufriendo los productores», denuncian desde la Alianza.
Ante este daño económico, la ALIANZA UPA-COAG va a llegar «hasta las últimas consecuencias a la hora de reclamar indemnizaciones y va a analizar las posibles repercusiones que a nivel legal tiene que desde las administraciones públicas se esté imponiendo una obligatoriedad que es irracional y que supone una aberración desde todos los puntos de vista».
DENUNCIAN QUE “SE QUIERA BUSCAR CUALQUIER RESQUICIO BUROCRÁTICO PARA PERSEGUIR Y PONER AL LÍMITE DE SU RESISTENCIA A LOS GANADEROS”
La organización define esta situación como «incongruente si lo medimos desde el punto de vista de la eficiencia, y desde luego estamos ante una aberración administrativa en forma de imposición, que supone a efectos prácticos que desde primeros de año los profesionales del sector tengan que sanear a los terneros que van a ir al cebadero con 30 días de antelación, o durante el saneamiento de la explotación seis meses antes del movimiento».
Por ello, consieran que «una vez más, estamos ante políticas irracionales y que vuelven a caer en el mismo error repetido en los últimos años de buscar cualquier resquicio burocrático para perseguir y poner al límite de su resistencia a los ganaderos. Los mismos que actúan con esta severidad ejecutan su ligereza mirando para otro lado al permitir campar a sus anchas a la descontrolada fauna silvestre, que provoca accidentes mortales a diario en las carreteras, y que además es la causante de un porcentaje elevadísimo de los casos positivos que sufre la cabaña ganadera».
La Alianza UPA-COAG desde el derecho que le asiste a actuar tomando medidas legales contra quienes han sacado «esta norma tan absurda e incongruente», insiste en reclamar sentido común para buscar que todas las medidas que se adopten en relación al saneamiento ganadero sean un avance en la buena dirección que permita una mayor flexibilidad para las explotaciones y una mejor salida al mercado de las producciones ganaderas de la comunidad.
Por su parte, desde la Asociación de Ganaderos 19 de Abril también ha denunciado esta situación y se ha traslado a la Junta de Castilla y León la petición de que se elimine la obligatoriedad de esta prueba previa al movimiento y así lo trasladará al Ministerio, «al igual que creemos que es un momento para que el sector esté unido (organizaciones, asociaciones,…..), porque los problemas están por encima de todo y son iguales para todos».