Según distintas fuentes, hay dos conceptos básicos que preocupan especialmente a los agricultores y ganaderos: la definición de agricultor activo y el gran inconveniente que ha venido a complicarlo todo aún más como es el de la instauración del concepto de ‘regionalización’ del sistema de reparto de ayudas.
En este cao, si la definición de territorios con cultivos y situaciones supuestamente equiparables ya ha sido especialmente complicada, la creación a última hora de esas 52 regiones por imposición de Bruselas lo ha complicado más, ya que muchos de los cultivos van a ver cómo ahora pasan a depender de otras regiones y, por tanto, de unos mayores o menores beneficios, que aunque en ocasiones se compensarán con ayudas adicionales implicará más burocracia y, sobre todo, más retraso a la hora de conocer las cuantías que se va a percibir.
Y es que .la idea de la ‘regionalización’ consiste en favorecer una teórica ‘convergencia’ en las cantidades de dinero a percibir por cada beneficiario. Se partirá de unos ‘pagos básicos’, cuyas cuantías aún no se conocen; se aplicarán unas fórmulas enrevesadas, se calcularán los ‘pagos acoplados’, que tampoco son conocidos, y se esperará a que se contabilicen todas las solicitudes para empezar a realizar el cálculo del reparto final de asignaciones, que no se sabrá con detalle hasta dentro de un año.
Si no hay PDRs aprobados, no hay ayudas cerradas
Otro problema añadido es el retraso de los PDR, frenados prácticamente en su totalidad (a excepción del de Castilla y León y La Rioja) en Bruselas que son básicos para conocer las solicitudes de las ayudas agroambientales y que pretenden apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales.
De hecho, algunas CCAA aún no han comunicado al sector los pormenores que regirán la convocatoria de tales medidas, ni ha concretado fecha alguna de cuándo se publicará dicha orden, por lo que la incertidumbre reina entre los productores, que desconocen qué compromisos tienen que cumplir en la planificación de sus cultivos de esta campaña para ser beneficiarios de las ayudas agroambientales.
Esto ha provocado que algunas organizaciones agrarias aseguren que con la información previa que han recibido no les permite conocer el alcance de los compromisos a adquirir por los solicitantes, el tipo de beneficiario, la información específica de las operaciones, los costes de transacción y lucro cesante que se ha utilizado para el cálculo de la prima o si se propone aplicar algún tipo de limitación de pagos.
Y como telón de fondo, las elecciones autonómicas, que llegan en el peor momentos para el campo ya que, se asume, que van a generar retrasos administrativos en todos los casos, tanto si hay un cambio de tendencia política como si no la hay, ya que los nuevos equipos tendrán que adaptarse al nuevo panorama político y aplicar, en teoría, las promesas realizadas en sus programas.