Arias Cañete señaló además que España seguirá "con mucha atención los desarrollos normativos" derivados de los trabajos del grupo e indicó que ahora la CE tendrá que presentar una propuesta normativa, porque, de lo contrario, en 2015 desaparecerían los derechos de plantación, salvo que se hubiera recurrido a su prórroga hasta 2018.
Los cambios implicarán además, dijo el ministro, una modificación de la Organización Común de Mercado del vino, que "veremos cuándo la presenta la CE y en qué términos".
"Seguiremos nuestros trabajos conjuntos con todos los países aliados en la materia, pero nos parece que en esta ocasión la Comisión ha dado respuesta a las inquietudes", dijo Arias Cañete.
El objetivo fundamental que se había fijado España "era corregir el gran error que se cometió en la reforma de 2008, donde el gobierno socialista español consintió la liberalización de las plantaciones a partir de 2015", lo que causó una "enorme preocupación" en el sector.
Pese a que los Veintisiete se comprometieron en 2008 a eliminar los derechos de plantación del vino a partir de 2016, la oposición de quince países (incluidos España, Francia, Alemania e Italia) a esta medida llevó a Bruselas a estudiar un sistema alternativo para mantener los derechos de plantación de viñedo más allá de 2015, pero de un modo más flexible.
El objetivo no es extender el régimen actual, sino buscar una nueva fórmula que resuelva los problemas existentes.
La conclusiones del grupo de alto nivel plantean la creación de un régimen de autorizaciones, en cuya concesión jugarían un importante papel los Consejos Reguladores.