COAG-Castilla y León ha denunciado el continuo goteo de cierre de oficinas bancarias, particularmente de aquellas ubicadas en los pequeños municipios del medio rural. Para la organización, «esta práctica persigue un objetivo meramente economicista y de rentabilidad, sin tener en cuenta las peculiaridades propias de la población afectada, dispersa y envejecida, con las dificultades añadidas para desplazarse y, en su inmensa mayoría, sin formación ni posibilidad de acceso a la operativa financiera a través de banca online o cajeros automáticos».

Para COAG, este proceder agrava la dinámica del despoblamiento del medio rural, «porque si a la precarización de los servicios públicos (sanidad, educación, infraestructuras, seguridad, dependencia, etc.) se le suma la imposibilidad de acceder a los servicios financieros más básicos, cualquier posible medida contra la despoblación será inútil. En este contexto, muchos de nuestros pueblos se sienten abandonados por las administraciones».

Por eso, defiende quer son necesarias políticas y medidas que incentiven la incorporación de jóvenes a la actividad agraria porque así se fija población en el medio, que procuren la puesta en marcha de negocios de proximidad como son los de alimentación, los de restauración, los propios dirigidos a actividades turísticas o de artesanía, etc. «Sin embargo, medidas como el cierre de oficinas bancarias no vienen sino a acelerar la dinámica de despoblación y abandono».

Es por ello que desde COAG-Castilla y León se hace un llamamiento a las entidades financieras con fuerte implantación en la Comunidad para que apuesten por mantener los servicios de proximidad con la población y la actividad asentada en los pueblos y mantener así un tejido social y económico imprescindible para su supervivencia.

«Si bien somos conscientes de que se trata de entidades privadas con compromisos hacia sus inversores, no deben olvidar que no hace tanto tiempo esas mismas entidades fueron ‘rescatadas’ con ingentes cantidades de dinero público. Se trata por tanto de que no sólo valoren sus decisiones desde criterios económicos, sino también desde el compromiso social hacia los ciudadanos que tanto se han comprometido con ellos».

(Fotos: Archivo)