España ha pedido a la Comisión Europea que la simplificación de las reglas de sostenibilidad medioambiental y social de las empresas que prevé acometer en aras de la competitividad económica no supongan un paso atrás en los objetivos climáticos y las políticas verdes de la Unión Europea.

En una carta enviada al Ejecutivo comunitario, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica (Miteco), Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, subrayan la «importancia» de que este ejercicio de simplificación se lleve a cabo «sin cuestionar» la ambición en valores europeos fundamentales y «asegurando la certidumbre y estabilidad regulatoria».

«Cientos de compañías están haciendo progresos para lograr los objetivos climáticos. Eliminar ciertas obligaciones no mejoraría necesariamente nuestra competitividad, pero genera el riesgo de enviar una peligrosa señal de retroceso en nuestros valores y ambición europeos fundamentales», dice la misiva.

La carta está dirigida a los cuatro comisarios responsables de la propuesta, entre ellos la vicepresidenta Teresa Ribera.

La CE prevé presentar el próximo 26 de febrero la primera de sus propuestas «ómnibus» para hacer más sencilla la legislación comunitaria en un intento de reducir la carga administrativa de las empresas europeas, que señalan este factor de sostenibilidad y de políticas verdes como barreras para competir con las firmas chinas o estadounidenses.

Esta propuesta abarcará tres legislaciones, una de ellas la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, en inglés), que responsabiliza a las empresas de identificar y mitigar su impacto en la sostenibilidad de su cadena de suministros.

«SI BIEN LA IMPLEMENTACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN SON INDISPENSABLES, TAMBIÉN SON ESENCIALES UNOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA ROBUSTOS»

Otra será la directiva de presentación de información de sostenibilidad (CSRD), por la que deben dar datos de este impacto, y la tercera será la taxonomía, la clasificación europea de inversiones verdes.

En este contexto, los ministros españoles señalan que, «si bien la implementación y simplificación son indispensables, también son esenciales unos requisitos de información climática robustos», en particular la presentación de planes de transición que exigen las normas de información de sostenibilidad.

Recuerdan que la UE tendrá que invertir unos 620.000 millones de euros adicionales al año hasta 2030, en su mayor parte de fuentes privadas, para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y del futuro Pacto de Industria Limpia.

Opinan que las tres normativas que Bruselas prevé simplificar contribuyen a cerrar esa brecha de inversión en políticas verdes.

«Son esenciales no solo para movilizar estas inversiones, sino para asegurar que se dirigen hacia tecnologías, productos y servicios necesarios para la transición», escriben Aagesen y Cuerpo.

Los ministros españoles piden que en la directiva de presentación de información de sostenibilidad corporativa se mantenga el principio de «doble materialidad», que exige evaluar no solo el impacto que el cambio climático u otros acontecimientos tienen sobre la empresa, sino también el impacto que la compañía ejerce sobre la sostenibilidad medioambiental y social.

Reconocen que se necesita una categoría para las empresas pequeñas y medianas que permita aplazar temporalmente la aplicación de estas normas, pero creen que estas también deberían estar obligadas a presentar información climática, aunque de manera proporcionada.