El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha participado este martes 29 en Bruselas en la primera reunión del Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea que examina la situación del sector del azúcar, donde ha transmitido la apuesta decidida del Gobierno de España por el mantenimiento del cultivo de la remolacha, ya que genera una importante actividad económica y empleo en las zonas donde se produce.
A lo largo de la reunión se ha evaluado el resultado de la reestructuración producida en este sector desde la desaparición del sistema de cuotas en 2016. Sobre la base de un cuestionario elaborado por la Comisión, las distintas delegaciones han expuesto cuál ha sido el impacto de dicho proceso en sus respectivos países, así como las principales preocupaciones del sector y las políticas aplicadas en los diferentes Estados miembros.
En concreto, ha debatido sobre las relaciones contractuales e interprofesionales entre las industrias y los agricultores, así como sobre las herramientas de gestión de riesgos y de gestión de mercados, y los apoyos específicos de los que dispone el sector en algunos Estados miembros de la Unión a través de pagos acoplados.
También se han examinado las cuestiones relacionadas con los mercados internacionales, así como con la necesidad de más transparencia en la información del sector, o del análisis del reparto del valor a lo largo de la cadena hasta el consumidor final. Sin embargo, en ningún momento se ha entrado a hablar o debatir la polémica de los precios impuesta unilateralmente por Azucarera.
En su intervención, el Secretario General ha presentado el resultado del importante proceso de restructuración del sector español, y las particularidades del cultivo de la remolacha en España, muy tecnificado y vinculado al regadío, lo que hace que los costes sean más elevados, si bien los rendimientos en nuestro país son los más altos del continente.
Asimismo, Miranda ha subrayado la importancia de apoyar el mantenimiento de la industria transformadora, para contribuir de esta manera a evitar el despoblamiento de determinadas zonas del medio rural español.
Para ello, España cuenta con una serie de instrumentos, como son los pagos vinculados a la producción que, según Miranda, no deben ser cuestionados ya que son esenciales para el mantenimiento del tejido productivo en nuestro país.
También ha incidido en la necesidad de apostar por el fortalecimiento del poder de negociación de los agricultores, a través de acuerdos interprofesionales equilibrados y estables, de forma que se asegure una renta suficiente a los cultivadores que fortalezca el tejido productivo.