El protocolo de la UE, de obligado cumplimiento, establece una moratoria de 4 años para levantar restricciones, por lo que quedan tres para considerarlo erradicado, apuntan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.
En Extremadura, cada año se toman y analizan más de 2.500 muestras y el Ejecutivo sigue tomando medidas contra la plaga.
El Gobierno regional sacó en septiembre pasado la convocatoria para controlar el servicio de talas de árboles en decaimiento para el control del nematodo de la madera del pino (120.000 euros).
Además, en noviembre la Unión Europea aprobó una ayuda de 11 millones para luchar contra plagas en varios países, entre ellos España, que recibirá 2,27 millones para costear programas como la erradicación de los brotes de nematodo en Galicia y Extremadura.
La Asociación forestal de Galicia reúne a propietarios de la zona demarcada -con fincas a 20 kilómetros de radio del árbol afectado, detectado en diciembre de 2010-, lo que impone fuertes medidas de prevención en los concellos de As Neves y Salvaterra de Miño.
Unas 300 hectáreas se talaron a principios de 2011, en un perímetro de 1 kilómetro y medio del foco encontrado (un árbol), lo que evitó su propagación, y desde entonces en el área hay tomas de muestras y limitaciones en los aprovechamientos, explica Julio Ruiz.
Recuerda el perjuicio sufrido en su momento por las talas "forzosas" impuestas por la Administración, sin que desde entonces se hayan aprobado indemnizaciones públicas ni planes de repoblación.
Los silvicultores se quejan de que se limita al invierno el período de talas y que las normas que marca el protocolo de actuación europeo contra el nematodo -como la eliminación de astillas y restos-, ocasiona sobrecostes y pérdida de rentabilidad.
"La situación económica es muy complicada" para los propietarios de unas 28.000 hectáreas "muy productivas", denuncia Ruiz, que pierden unos 2 millones de euros cada año, según sus cálculos.
Las empresas forestales no pueden cortar madera durante 7 meses al año, "un parón en los ingresos" que les obliga a desplazarse a otros territorios en búsqueda de actividad, añade la secretaria general de la patronal Confemadera-Galicia, Ana Oróns.
Además se prohíben vender fuera de la zona demarcada maderas o sus derivados si no se han sometido al tratamiento térmico "NIMF-15", que implica someter a 56 grados de temperatura durante media hora al núcleo del producto-, puntualiza Aróns.
Para las maderas que pueden tratarse, esta obligación supone un sobrecoste pero, productos como costeros, astillas o serrines no admiten este tratamiento, lo que impide venderlas y obtener ingresos, según Orons, quien advierte de la dura situación económica para 40 aserraderos o rematantes de 18 concellos de la zona (todos ellos de Pontevedra, excepto una pequeña parroquia de Ourense).
Durante los primeros meses desde la detección del árbol con el nematodo en 2010, estas empresas forestales gallegas perdieron 100.000 euros diarios, aunque desde entonces es difícil calcular las pérdidas.
La zona demarcada tiene los pinos de mayor calidad de toda Galicia -remarca-, con unos usos industriales que aportaban un alto valor añadido, pero ahora parte de la actividad se ha perdido por las restricciones, la crisis económica española y portuguesa -uno de sus mercados naturales- y el desplome de la construcción.
Desde el centro de investigación de sanidad vegetal de Calabazanos (Palencia), Juan Carlos Domínguez ha valorado los esfuerzos de universidades y autoridades públicas por encontrar un método para aniquilar la plaga.
Se investiga especialmente cómo acabar con el "monochamus galloprovincialis", un insecto volador del orden del "cerambícido" de las coníferas que transmite el nematodo.
En general, el nematodo "está muy controlado" en España, según tranquiliza Domínguez, aunque reconoce que en Castilla y León, limítrofe con Galicia, Cáceres y Portugal, el riesgo es elevado.
Según el jefe de servicio de Defensa del Medio Natural de esta Comunidad, Vicente Rodríguez, la Comunidad desarrolla un plan de acción, como también el resto de regiones limítrofes.
Cada año muestrean algo más de un tercio de las 1.050 hectáreas de coníferas de la Comunidad, a lo que suman controles en árboles decaídos, en bordes de incendios y en la zona demarcada -situada en la provincia de Salamanca.
Hasta ahora nunca se encontró un positivo en el bosque, aunque sí en un transporte desde Portugal.
En 2012, la región realizó 1.555 inspecciones en la zona demarcada, más de 300 inspecciones en industrias madereras y un centenar más en transportes por carretera -sobre todo en los pasos fronterizos de Salamanca y Zamora con Portugal- y se atraparon más de 6.000 "cerambícidos", según Rodríguez, quien concluye que la UE reconoce que habrá que "convivir" con el nematodo en España.