EFE.- El asunto se tratará en un consejo de ministros de Agricultura en el que la responsable de Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar y sus homólogos de Francia, Italia y Grecia, explicarán al resto de países los detalles de su propuesta.
En la campaña de este año se han conjugado distintos "factores adversos", empezando por la crisis sanitaria creada por la bacteria E.coli, que han hecho que el sector "haya tenido precios especialmente bajos y una situación de crisis importante", explicaron fuentes españolas.
El objetivo que persiguen los cuatro países es adecuar los instrumentos previstos en la Organización Común del Mercado (OCM) hortofrutícola para permitir una mejor reacción ante situaciones de "crisis grave".
También quieren aumentar la eficacia de las medidas actuales, "con la mejora del mecanismo existente de retirada", explica la propuesta.
En particular, piden un mecanismo de retirada "más eficaz", abierto a los productores independientes y la posibilidad de que, en los casos más graves, los países puedan completar las ayudas europeas con subvenciones nacionales.
Asimismo, reclaman que cuando se desate una crisis grave se activen de manera "inmediata" acciones de comunicación y de promoción para impulsar el consumo, financiadas por la UE.
Para España, Francia, Italia y Grecia, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) es el marco adecuado para "plantear el debate" sobre los cambios perseguidos.
En el Consejo de hoy, por otra parte, los ministros mantendrán un debate sobre los cambios que la UE prevé introducir en las normas sobre distribución de comida entre las clases sociales más pobres, en el marco de la Política Agrícola Común.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el pasado abril a instancias de Alemania y Suecia, obliga a que los alimentos cubiertos por el Programa Europeo de Ayuda a los más necesitados procedan de existencias no vendidas.
Aunque durante años la mayoría de esos productos provenía de excedentes alimentarios, la progresiva desaparición de los mismos hizo a la Comisión recurrir al mercado para su adquisición.
En 2009, el 80 % de los alimentos del programa se adquirían en el mercado.
A raíz de la sentencia, la ayuda alimentaria se reducirá drásticamente a partir del próximo año, cuando se destinarán 113 millones de euros, frente a los 400 millones con los que se contaba en años anteriores.
España, uno de los países más beneficiados por el programa, recibió en 2010 fondos superiores a 50 millones de euros.