La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta que la lacra de los robos y de la delincuencia en el campo sufre una escalada tanto en intensidad como en gravedad de los daños. El último ejemplo tuvo como víctima al delegado de esta organización agraria en Vinaròs, Luis Santos, quien ha interpuesto una denuncia a la Guardia Civil porque los ladrones asaltaron su caseta de campo, sustrajeron varios objetos agrarios de valor y, posteriormente, prendieron fuego a la nave destrozando los materiales que quedaban y dejando la infraestructura totalmente inutilizada.

Tras forzar la puerta metálica, los asaltantes robaron herbicidas, abonos, tres mochilas de aplicación de productos fitosanitarios, aperos agrícolas y materiales de riego (electroválvulas, ordenadores, filtros y tuberías) cuyo valor económico superan los 7.000 euros.

Pero, no teniendo suficiente con este robo, decidieron quemar toda la caseta de campo de unos 30 metros cuadrados que está rodeada de naranjos en el término de Vinaròs, al norte de la provincia de Castellón.

“CREO QUE DETRÁS DE ESTA ACCIÓN GRATUITA EXISTE UNA PERCEPCIÓN DE IMPUNIDAD Y DE DESPRECIO HACIA EL TRABAJO DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS”

Las llamas echaron a perder lo poco que quedaba en el almacén y obligan al agricultor a reconstruir las paredes y la totalidad del techo, lo que añadirá a las pérdidas ocasionadas más gastos si finalmente opta por reparar la infraestructura.

Luis Santos lamenta que “si ya nos preocupaban los robos, ahora hay ladrones que además han subido el nivel de violencia y destruyen todo lo que no pueden llevarse. Los agentes de la Guardia Civil me han dicho que quizás han quemado la caseta de campo para no dejar huellas y que no les puedan identificar, pero creo que detrás de esta acción gratuita existe una percepción de impunidad y de desprecio hacia el trabajo de los agricultores y ganaderos. Nos sentimos desprotegidos y, por tanto, necesitamos una vigilancia y unas leyes que mejoren nuestra seguridad”.

Según cálculos de AVA-ASAJA, los robos y delitos cometidos en el sector agropecuario de la Comunitat Valenciana han provocado en el último año un impacto de 25 millones de euros y representan un problema que no deja de crecer.