Miguel Blanco, secretario general de COAG, lo tiene muy claro, en estos momentos tras la pandemia «la nueva normalidad es un eufemismo. Lo que tenemos ahora y lo que se avecina es la cruda realidad”. Una realidad en forma de crisis que afectará al sector agrario en un futuro cercano, porque «salvo algunas medidas adoptadas por el gobierno, en general no se ha dado respuesta a la principal reivindicación del sector: Precios justos y rentas dignas”.

Y en este futuro inmediato, una reflexión sobre lo que se avecina: «Si queremos que haya relevo generacional y rejuvenecimiento en el sector, la jubilación debería ser efectiva a la edad legal establecida. El futuro de la agricultura y su modernización, van de la mano de la gente joven y de aquella en edad de trabajar y de invertir».

Al dirigente agrario le preocupa la PAC y, aunque reconoce que la prórroga hasta el 2023 da cierta seguridad y estabilidad», recuerda que si hay «recortes inaceptables afectarían negativamente a las ayudas destinadas a las dos compañas de transición, pero también a la actual 2020».

Finalmente, sobre los precios, defiende un «régimen contractual y establecer condiciones objetivas para que se fijen precios remunerativos, no solo por encima de costes» y advierte de que hay que tener cuidado porque «es tal la especulación y el abuso de posición de dominio que está dejando al sector productor en una situación de indefensión».

P.- Ha arrancado la nueva normalidad y parece que para el sector agrario esto representa volver atrás, con los mismos problemas de antes de la pandemia y con amenazas de movilizaciones. ¿No hay una solución real para el campo o es que el campo no tiene solución?

R.- “La nueva normalidad” es un eufemismo. Lo que tenemos ahora y lo que se avecina es “la cruda realidad”. La crisis sanitaria se cronifica y la crisis económica derivada de la pandemia puede alcanzar una gravedad sin precedentes.  Buena parte de los sectores importantes para nuestra economía van a sufrir graves consecuencias.

En cuanto al sector agrario, la actividad no va a parar, no va a dejar de ser esencial. Pero la crisis sobrevenida también le alcanza de lleno y agrava su situación anterior a la Covid-19.

Las razones y reivindicaciones del sector agrario, que se echó a la calle de forma masiva durante siete semanas el pasado Enero y Febrero, siguen igual de vigentes. Salvo algunas medidas adoptadas por el gobierno, en general no se ha dado respuesta a la principal reivindicación del sector: “precios justos y rentas dignas”. El campo tiene solución, pero esa solución depende, en buena medida, de las políticas económicas y agrarias. Políticas que deben ir orientadas a solucionar los problemas de los hombres y mujeres del campo. Futuro para el campo sí, pero para una agricultura con agricultores y agricultoras.

“QUEREMOS  UN ESTATUTO DE LA AGRICULTURA SOCIAL Y PROFESIONAL PARA ESTABLECER MEDIDAS DE PRIORIZACIÓN”

P.- Si por una casualidad le hicieran ministro de Agricultura, ¿cuáles serían las primeras medida que tomaría para salvar al campo?

R.- La casualidad, el azar, no tiene tanto atrevimiento. En todo caso salvadores del campo, no los hay. Nosotros proponemos, en primer lugar, la defensa de un modelo agrario y alimentario basado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en la soberanía alimentaria. Por eso proponemos a este u otro gobierno la aprobación por ley de un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. Se trata de establecer medidas de priorización en defensa de dicho modelo en todos los aspectos, desde la aplicación de la PAC, la política de precios y rentas, el relevo generacional y de género y las condiciones de vida en el medio rural.

Y una segunda prioridad debe centrarse en la regulación de los mercados y el establecimiento de la preferencia comunitaria, en base a los objetivos y retos para el siglo XXI.

P.- Una de las claves, sobre todo en materia de precios, es la aplicación en la Ley de la Cadena Alimentaria para establecer un precio mínimo en función de los costes. ¿Le ha sorprendido la oposición tan clara de cooperativas a esta posibilidad? Porque Cooperativas participaba en unas movilizaciones que pedían precios justos para el campo…

R.- Precisamente la modificación de la Ley de Cadena es una de las medidas positivas aprobadas por el gobierno. COAG siempre ha defendido una regulación de la cadena que garantice un equilibrio entre sus eslabones, para una adecuada distribución del valor generado, que hoy no existe. Para eso debe generalizarse el régimen contractual y establecer condiciones objetivas para que se fijen precios remunerativos, no solo por encima de costes. Que se explicite la obligación de fijar en los contratos precios sobre costes de producción, y se penalice la destrucción de valor, favorece al eslabón más débil, los productores, y ayuda a un mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria.

Es verdad que no es suficiente, para alcanzar precios justos, con la letra de la ley. Es preciso que el MAPA desarrolle en un corto futuro un amplio estudio de costes, que sirvan de referencia para las distintas producciones. Así mismo se debe avanzar en las estrategias de  autoregulación, y en la regulación de los mercados, con estricto control de las importaciones. De lo contrario los avances pueden quedar en papel mojado.

Pero en todo caso, desde COAG vamos a defender estos avances contra viento y marea. Nosotros defendemos a la gente del campo. Cada cual que se responsabilice de aquello que representa.

P.- Hablando de precios y de pandemias, una de sus principales protestas como organización es sobre el papel que juegan los especuladores, ¿se está incrementando su papel y el de muchas industrias para apretar más de la cuenta en estos tiempos de crisis?

R.- Los especuladores prosperan en los momentos de crisis. Cuanto peor para la mayoría mejor para ellos. La subida del precio de los alimentos frescos, en estos meses de pandemia, no se corresponde con los precios en origen pagados a los productores, que siguen en muchos casos por debajo de los costes de producción.

La Covid-19 ha dificultado y ralentizado los controles por parte del MAPA. Esto lo han aprovechado muchos operadores para incumplir la Ley de Cadena y las nuevas normas derivadas del Real Decreto 5/2020, que está plenamente vigente y resulta de obligado cumplimiento.

Es tal la especulación y el abuso de posición de dominio que, en muchos casos, ni siquiera cumplen con la obligación básica de suscribir un contrato de compraventa en las transacciones comerciales con los agricultores, dejando al sector productor en una situación de indefensión.

“ANTE LA PAC, LAS POLÍTICAS DESFASADAS DEL SIGLO XX YA NO SIRVEN PARA AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS DEL SIGLO XXI”

P.- Y aunque aún tardará que sea efectiva, la PAC está sobre la mesa y con amenazas de recortes. ¿Europa sigue sin entender lo que representa el campo en el futuro de la UE?

R.- La prórroga hasta el 2023 de la aplicación de la nueva Reforma de la PAC, da cierta seguridad y estabilidad al sector agrario. Este tiene que enfrentarse a una difícil coyuntura derivada de la crisis sanitaria, pero también como consecuencia de la gran inestabilidad internacional geopolítica y de mercados, caso del Brexit, los ataques arancelarios de la administración Trump, los tratados comerciales, la competencia desleal de las importaciones sin control, la desregulación y el desmantelamiento de la preferencia comunitaria, etc.

Ahora falta saber si se confirman las propuestas de recortes para la PAC, planteadas por la Comisión o el Consejo comunitarios. Recortes inaceptables que afectarían negativamente a las ayudas destinadas a las dos compañas de transición, pero también a la actual 2020.

Los organismos comunitarios comprenden perfectamente lo que representa el campo para el futuro de la Unión Europea. La crisis y volatilidad de los mercados globales, agravadas ahora con una pandemia sin precedentes, sitúa al sector agrario en una posición estratégica para responder a los objetivos comunitarios de la Seguridad Alimentaria y la lucha contra el Cambio Climático.

Pero las viejas ideas ultraliberales y mercantilistas todavía se imponen en las políticas de la U.E. Los organismos comunitarios se resisten a abandonar sus políticas fracasadas de recortes permanentes, de desregulación de los mercados y del “sálvese quien pueda”, en favor de los grandes operadores agroalimentarios multinacionales. Estas políticas desfasadas del siglo XX, ya no sirven para afrontar los nuevos retos del siglo XXI.

Desmantelar el Modelo Social y Profesional Agrario, en favor de macro empresas de los fondos de inversión, no es coherente con los objetivos de Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad social, económica y medioambiental, que presentan en el escaparate de la nueva PAC, la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos.

P.- Haya o no haya recortes, habrá que trabajar sobre el reparto de los fondos. En Francia hablan de dejar de pagar la PAC a los mayores de 70 años, ¿comparte este planteamiento?. ¿Y el de poner fin a los derechos históricos?

R.- En España se permite mantener la actividad agraria después de la jubilación, si los rendimientos agrarios no exceden el Salario Mínimo Interprofesional. O bien acogiéndose a la denominada “Jubilación Activa, en determinadas condiciones.

En todo caso si queremos que haya relevo generacional y rejuvenecimiento en el sector, la jubilación debería ser efectiva a la edad legal establecida. El futuro de la agricultura y su modernización, van de la mano de la gente joven y de aquella en edad de trabajar y de invertir. Es abrumador el elevado envejecimiento de nuestro sector agrario que, por poner un ejemplo, se escenifica dramáticamente en los balances de accidentes de trabajo con un alto porcentaje de personas mayores de 70 años. Mantener una edad tan elevada en la actividad agraria no debería ser una opción.

En cuanto a las ayudas de la PAC, la COAG ha defendido siempre que se vinculen a la actividad productiva y a las rentas agrarias, no a factores tales como las superficies. Y que dichas ayudas se asignen prioritariamente a los hombres y mujeres del campo que constituyen el Modelo Social y Profesional Agrario.