El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se muestra crítico con la intención de la Comisión Europea de recortar la dotación de la Política Agraria Común (PAC) de cara al período 2021-2027 y reclama un mejor reparto porque «hay mucha gente que está cobrando ayudas que no tendría que recibirlas». De hecho asegura que «Con una redistribución distinta, igual incluso con un presupuesto más bajo sería suficiente».

«No hay por parte de la Unión Europea (UE) ni de los gobiernos un compromiso con la agricultura y la ganadería», denuncia Ramos en una entrevista con Efeagro en la que considera «imprescindible» la existencia de ayudas para que el sector primario siga vivo y ofrezca oportunidades a los jóvenes, a la vez que vislumbra una «guerra» entre el sector primario y grupos ecologistas por el agua en España.

Lamenta que la UE «ponga el grito en el cielo cuando se anuncian impuestos al aluminio y el acero y no con los aranceles a la aceituna»

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) censura que la Comisión Europea (CE) plantee una reducción del 5 % en el presupuesto destinado a la PAC y apunta a la existencia de «presiones» por parte de algunos grupos en Bruselas en este sentido.

Además, insta a mejorar el sistema de reparto para evitar que grandes corporaciones agrarias obtengan millonarias ayudas.

«La PAC se ha convertido en un reparto de sobres o mochilas», afirma Lorenzo Ramos, quien considera que, de optar por una redistribución distinta, «igual incluso con un presupuesto más bajo sería suficiente».

El responsable de la organización agraria carga también contra la política proteccionista de Estados Unidos y lamenta que la UE «ponga el grito en el cielo cuando se anuncian impuestos al aluminio y el acero» y no lo haga con los aranceles a la aceituna de mesa.

«Aquí no podemos aprobar ayudas acopladas a la producción porque entonces se incumple la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero EE.UU. puede poner aranceles y es el que más ayudas da del mundo a sus agricultores. ¿Eso no va en contra de las reglas del libre comercio?», cuestiona.

También se muestra decepcionado con la dotación destinada a Agricultura dentro de los Presupuestos Generales del Estado, pese a que la cifra sube un 2 % respecto al año anterior.

«El Presupuesto planteado por el Gobierno no es acorde a la política agrícola que dice que quiere hacer», asevera Lorenzo Ramos, quien cree que sólo la mejora del sueldo de los funcionarios del ministerio y alguna obra hidráulica ya explican ese incremento, en contraste con la falta de fondos que bajo su punto de vista se detecta en la lucha contra el cambio climático y la despoblación.

«Tengo dudas de que se pueda generar ilusión si seguimos en una crisis permanente en precios»

Reclama un aumento de la inversión dirigida a seguros agrarios, ya que cada vez son más los agricultores que suscriben pólizas y la dotación es insuficiente, lo que provoca que el precio de la prima suba y que muchos productores opten por reducir las coberturas.

Existe «mucha gente joven con ganas de dedicarse al campo», gracias a que ahora el agricultor no tiene que trabajar «día y noche» por la tecnología, aunque es imprescindible garantizarles que el sector tiene futuro, remarca.

«Tengo dudas de que se pueda generar ilusión si seguimos en una crisis permanente en precios», advierte Ramos, para quien la Ley de la Cadena Alimentaria -que pretende mejorar el equilibrio entre agricultores, industria y supermercados- es una «buena herramienta» pero sigue «coja» y «no está dando los resultados que tenía que dar».

«Hay muchos abusos; necesitamos que los datos sobre las sanciones aprobadas -en ocasiones como consecuencia de sus denuncias- se hagan públicas» para que los infractores cambien de actitud, argumenta.

Asegura que los agricultores y ganaderos ya notan la lucha por seguir bajando precios que mantiene la distribución y pide más implicación a las autonomías para castigar la venta a pérdidas.

Otra cuestión que preocupa a Lorenzo Ramos y al sector es la falta de agua, problema que para UPA exige sobre todo una mayor inversión en obras hidráulicas, como pantanos y embalses, y en la que vislumbra un conflicto con «ciertas organizaciones medioambientales».

«No es sólo con el agua, es con todo. Los fitosanitarios, la fauna salvaje, la gestión de purines… Hace falta transmitirle a la sociedad la importancia de nuestro trabajo, porque muchas veces parecen tener más fuerza y recursos grupos ecologistas que montan campañas contra algunos productos y al final los criminalizan», alerta.