El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha asegurado que el sector agrario vive un año «catastrófico» por las adversidades climáticas, que dejarán a muchos agricultores sin apenas producción, y con pérdidas acumuladas que la organización cuantifica ya en más de 2.000 millones, aunque aumentan cada día.

En una entrevista con Efeagro, Ramos ha recordado que, a la sequía, que no se vivía con tanta contundencia desde los años 94 y 95, se han sumado en este ejercicio las heladas de primeros de mayo, si bien también se han padecido granizos, tormentas, ola de calor…

«Hay muchos agricultores que no tendrán cosecha» por lo que exige soluciones para ayudar a los agricultores y a los ganaderos

La situación de los últimos 25 días por las elevadas temperaturas «ha sido tremenda», propiciando incendios, que han afectado a las explotaciones agrarias, según ha añadido el secretario general.

Entre los sectores más afectados por sequía, apunta al cereal, que verá muy recortada su cosecha; y la ganadería por falta de pasto, ya que los animales tendrán que recibir alimentación, en buena parte importada, con el sobrecoste que implica a las granjas.

Las heladas y granizos -ha recordado- dejaron durante este 2017 viñedos damnificados en el centro y norte peninsular y en el olivar, aunque había cuajado bien la aceituna, la cosecha quedará mermada si no llueve este verano, porque no se desarrollarán bien los frutos.

Por su parte, hay zonas de Castilla y León, de Levante y del sudeste donde no disponen de agua para garantizar los regadíos.

«Hay muchos agricultores que no tendrán cosecha», ha remarcado Ramos, quien exige a Administración central y autonómicas que aporten soluciones para ayudar a los agricultores y a los ganaderos.

Las medida del Decreto de la Sequía «son insuficientes, ete año se necesitan ayudas directas»

Sobre el reciente Real Decreto Ley de medidas extraordinarias contra la sequía del Gobierno central, Ramos ha indicado que no son suficientes «las mismas medidas de siempre», como préstamos avalados por Saeca, moratorias en los pagos a la seguridad social, o dejar al sector en manos sólo de las posibles compensaciones de los seguros.

«Este año se necesitan ayudas directas», es decir, apoyos extraordinarios y, por tanto, ha pedido un esfuerzo a las Administraciones y a las autoridades de la Unión Europea (UE).

Ha recordado que el coste de la contratación de seguros ha aumentado para el agricultor y el dinero que aportan a los productores en caso de siniestros por adversidades climáticas es escaso, por lo que no ofrecen soluciones reales a la sequía.

Asimismo, ha criticado a quienes argumentan que los afectados reciben ya ayudas de la PAC, ya que estos fondos son una compensación de rentas -en un contexto de bajos precios en origen- y no un mecanismo para paliar sequías o problemas «extraordinarios».

En este contexto, UPA cree que la próxima reforma de la PAC post 2020 debe incluir presupuestos para abordar el problema del agua y remarca la necesidad de impulsar las infraestructuras hidráulicas.

Agua: Un Plan Hidrológico Nacional garantice unos precios razonables para el regadío y que se tenga en cueta en la PAC

Al mismo tiempo, urge que se aborde ya la elaboración de un plan hidrológico nacional, que incluya interconexiones entre todas las cuencas, y garantice unos precios razonables del agua para regadío.

Según ha afirmado, debe ser un proyecto bien orientado, ya que los Gobiernos del PP parecían abogar por un plan basado sólo en trasvases del Ebro, lo que generó «una bronca» entre territorios.

Para Ramos, la próxima reforma de la PAC debería tener en cuenta la situación de España, con mayores costes de producción que otros países del centro y norte de Europa que no necesitan del regadío.

Sobre otros asuntos de actualidad, el secretario general de UPA ha mostrado su desconfianza sobre los acuerdos comerciales que alcanza la UE, incluido el tratado con Canadá (CETA). Para Ramos, aunque el CETA podría, en el plano teórico, ofrecer oportunidades para exportar frutas y hortalizas, aceite de oliva o vino a Canadá, perjudicará al cereal y a la ganadería españolas.

El dirigente agrario ha afirmado que la experiencia muestra que los acuerdos comerciales con terceros países permiten que entren productos sin control a la UE, sin cumplir las mismas exigencias que los europeos -en materia de calidad, seguridad alimentaria, residuos fitosanitarios o alimentos libres de transgénicos-, y ejercen, en suma, una competencia desleal a los productores españoles.

Con frecuencia «se incumplen los contenidos de los acuerdos comerciales y nadie se hace responsable de controlarlos», concluye.