El secretario general de COAG, Miguel Blanco, cree que «la Xylella viene para instalarse, por desgracia,» en España, según la opinión de científicos y técnicos de la Administración, y aboga por extremar medidas de prevención y erradicación y arbitrar los medios humanos y económicos necesarios.
En una entrevista con Efeagro, Blanco señala que «es muy difícil» la detención de la Xylella, porque no se conocen todos los vectores transmisores y, de hecho, a la explotación de Alicante afectada por la bacteria se le habían realizado controles antes, con resultados negativos, lo que muestra la complejidad de esta lucha.
Blanco reconoce que «la situación es muy, muy delicada y muy preocupante, aunque no grave»
«Hay que actuar de forma muy rigurosa», ya que la Xylella podría afectar a producciones «determinantes» para la economía agraria: es susceptible de atacar a sectores muy exportadores, como viñedo, almendro, frutales u olivar, además de al forestal.
La situación «es muy, muy delicada y muy preocupante, aunque no grave», porque las cepas detectadas en Baleares, primero, y Alicante, ahora, son menos invasivas que en Italia y han afectado sobre todo a cultivos abandonados o semiabandonados, según Blanco, quien destaca la efectividad de los protocolos que se han aplicado.
La bacteria «ya ha llegado a la Península y se corre el riesgo de que se precipite a todo el Levante, de máximo riesgo por las características climáticas» similares a las de Alicante.
Con menor riesgo, aunque también lo tienen, apunta a los valles del Guadalquivir (Andalucía) o Guadiana (Extremadura).
Blanco ofrece toda la colaboración de los agricultores para vigilar sus explotaciones y notificar cualquier alteración sospechosa, aunque también pide más medios de lucha.
Pide que las indemnizaciones públicas «sean justas» e incluyan no sólo los costes de destrucción sino «el lucro cesante»
En este sentido, reclama «la máxima colaboración» entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas, que se dote de presupuestos suficientes a los equipos de investigación existentes o los nuevos que se creen, y que estos trabajen en red y no de forma aislada en cada organismo.
Por otra parte, pide que, si deben efectuarse arranques, las indemnizaciones públicas «sean justas» e incluyan no sólo los costes de destrucción del material vegetal y de la erradicación, sino también «el lucro cesante», es decir, compensar los daños patrimoniales y por pérdida de mercado derivadas.
Demanda al Ministerio que acumule justificaciones de gastos para pedir ayudas, con carácter retroactivo, a la Unión Europea (UE), una vez que se desarrolle el reglamento comunitario sobre control y medidas sanitarias en los cultivos vegetales -que entrará en vigor a lo largo de 2017-, norma que prevé fondos para estas adversidades.
De igual forma, aboga por que Bruselas sea «más exigente» y refuerce los controles de material vegetal importado desde zonas susceptibles de exportar «Xylella», como América central o EEUU.
El sector acumula pérdidas de 2.500 millones, si se suman los efectos de sequía y otras adversidades
Sobre otras cuestiones de actualidad, Blanco se ha referido al impacto de la sequía, que reducirá un 40% la producción de cereal nacional este año (hasta el 80 % en algunas áreas de Castilla y León) y desencadenará la escasez de agua embalsada para el regadío.
El sector acumula pérdidas de 2.500 millones, si se suman los efectos de sequía y otras adversidades como heladas de primavera.
Las medidas del Ministerio contra la sequía, según Blanco, «son aceptables, pero absolutamente escasas» -porque no se financiarán los tipos de interés de los créditos y no habrá exenciones, sino sólo moratorias, en los pagos a Seguridad Social y otras cuotas-, por lo que solicita nuevas iniciativas, complementadas por las autonomías.
Con el cambio climático, la escasez hídrica es un problema creciente por lo que urge «un pacto del agua», añade.
En referencia a los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, insiste en que «no negamos el mercado globalizado», pero sí exigen que sean equilibrados,
«Este puede ser el caso» del alcanzado con Japón, pero no así de otros, como el polémico CETA (con Canadá), el TTIP (con EEUU, de momento en stand by) o el de Mercosur, cuya negociación podría concluir este mismo año, resalta.
Asegura que el CETA abre la puerta a la exportación de multinacionales a Europa de productos de Canadá y EEUU, lo que representa un problema serio para el modelo agrícola español.
«Mercosur también sería negativo» si finalmente se alcanza un acuerdo con la UE, porque los países sudamericanos producen con estándares más bajos en calidad y seguridad alimentaria y, además, suponen una «competencia desleal» frente a los europeos, afirma.