La Unión Europea (UE) activa este 1 de enero de 2026 varias normas clave impulsadas en el marco del Pacto Verde Europeo y del refuerzo del mercado interior, entre las que destaca el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), conocido como los ‘aranceles al carbono’ europeo que ha provocado el enfado del sector agrario, que lleva tiempo poniendo el grito en el cielo porque esta medida va a disparar de nuevo el precio de los fertilizantes hasta cerca de unos 40€ /ha, si no se introducen medidas correctoras..
A partir de esa fecha, los importadores de determinados productos intensivos en emisiones -como el acero, hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad- deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.
Tras un periodo transitorio entre 2023 y 2025 en el que solo se exigía la notificación de emisiones, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).
La medida busca evitar la fuga de carbono y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios.
El pasado mes de junio, las instituciones de la UE llegaron a un acuerdo para simplificar este arancel que, en la práctica, eximirá al 90% de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026.
Patronales del sector como la Asociación Española del Aluminio (AEA) reclamaron este otoño que se paralizara su aplicación hasta que se revisaran sus parámetros para este metal, puesto que sostuvieron que, tal y como está planteado, sería un «desastre» para el sector.